Si la entrega irregular de subsidios legislativos a fundaciones ligadas a los mismos diputados provinciales que deben otorgar esos fondos o a punteros políticos, queda demostrada con los 321.060 pesos que recibió la Asociación Ser Solidario, hay otros ejemplos que no le van en zaga. Los casos de las diputadas Mariana Baudino (PJ) y la radical independiente Silvia Petitti dan cuenta de esto: entre ambas, repartieron 508.550 pesos en cinco fundaciones.

Un repaso por las rendiciones de los subsidios de la Cámara de Diputados de los años 2008 y 2009 indica que la fundación Ideas en Acción de Caleufú, vinculada a la diputada Baudino, recibió entre 2008 y los primeros nueves meses de 2010, 126.650 pesos. De las partidos de la misma legisladora fueron a las arcas de la entidad 98.850 pesos. Sobre Ideas en Acción, con la que Baudino se ha identificado públicamente, se sabe que colaboró con algunas actividades de la Escuela Laboral de esa localidad, aunque actualmente es considerada una entidad "fantasma".

No menos sospechosa es la Asociación Civil de Apoyo a Residentes Pampeanos de Santa Rosa. En tres años recibió 161.950 pesos de subsidios legislativos, principalmente de Baudino que aportó 102.150 pesos, pero también hubo fondos de Horacio D'Amico (PJ). Cuando la fundación Ideas en Acción comenzó a recibir el grueso de los subsidios de Baudino, la diputada dejó de aportar a esta fundación.

Por su parte, la Asociación Civil Cooperar de General Pico tiene actividad pública con programas ambientalistas en escuelas, entre otras acciones. Y una página web en Internet donde se puede ver quienes son sus autoridades. Pero igualmente, los subsidios que le entregó en tres años la diputada Petitti, puso a esta fundación en el ojo de la tormenta. En ese período, esta asociación recibió 117.900 pesos en subsidios de varios legisladores provinciales. De esos fondos, 101.400 pesos, el 86 por ciento de los ingresos, correspondieron a Petitti.

Otra fundación santarroseña cuya actividad no se puede justificar con los dineros que le entregaron, es la Asociación Civil Defensores de Los Hornos. Entre 2008 y 2009 recibió 105.840 pesos. En tres años, la diputada Petitti otorgó a esa entidad 116.650 pesos. Se conoce que es una institución dedicada a la actividad deportiva y tiene un equipo de fútbol que representa a la Municipalidad de Santa Rosa en la Liga Central de fútbol.

En total, Mariana Baudino entregó a dos fundaciones de las que no se conoce actividad y vinculadas a ella, 201.000 pesos, o sea, los subsidios correspondientes a un año y dos meses de los tres que se relevaron dedicados solamente a estas dos asociaciones. Mientras que Petitti le otorgó a tres fundaciones 307.550 pesos, si sumamos los 89.500 que fueron en tres años a Ser Solidario. O sea, en 20 de los 33 meses que entregó subsidios, todo ese dinero fue a alguna de esas fundaciones. Entre las cinco entidades, suman 508.550 pesos dados sin control por ambas legisladoras.

No sólo los diputados justicialistas entregaron fondos a fundaciones ligadas a ellos. Aunque fueron cifras más módicas. El Centro de Estudios y Acción Municipal de Santa Rosa de Carlos Bruno (Frepam), recibió 79.410 pesos, de los que 45.610 pesos fueron del legislador radical.

Investigación por descontrol legislativo

La fiscal Susana Alvarez requirió documentación a la Cámara de Diputados para analizar si impulsa una acción penal a raíz de la denuncia que había realizado el referente del partido PRO en La Pampa sobre las declaraciones de la diputada provincial Silvia Petitti, del Bloque Radical Independiente, sobre la entrega irregular de subsidios legislativos.

Martín Ardohain fue el primero en solicitar la semana pasada a la justicia provincial que investigue el descontrol en el reparto de estos fondos en la Legislatura provincial. Lo hizo a partir de las declaraciones de Petitti reproducidas por LA ARENA, donde admitía la "triangulación" en la entrega de fondos a particulares a través de la fundación Ser Solidario y otras instituciones.

Fuentes judiciales indicaron ayer que la fiscal Alvarez estudia si va a impulsar la acción, por lo que antes pidió la documentación para determinar si hubo algún delito.

Según Ardohain, dicha conducta podría encuadrarse en el artículo 260 del Código Penal que pena "al funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados".