La dirigencia de Proyecto Sur solicitó por escrito al juez federal de Mercedes, Héctor Echave, una audiencia para “conocer en forma personal los aspectos de las investigaciones en curso” con motivo de la movilización llevada a cabo el 5 de febrero de 2010 que tiene a seis vecinos imputados por haber cortado la Autovía 5 para protestar contra la contaminación que provoca la curtiembre Curtarsa.

El pedido lleva la firma de “Pino” Solanas, Mario Cafiero, Vilma Ripoll, María Victoria Dondo y Mario Mazzitelli, secretario general del Partido Socialista Auténtico.

El pedido de audiencia se dio a conocer este domingo por la tarde en el epílogo de la llamada jornada solidaria llevada a cabo por la Asamblea Ambiental de Vecinos y Organizaciones del Partido Luján frente a la Municipalidad.

No sólo Proyecto Sur sigue de cerca la causa abierta contra media docena de personas que protestaron cortando la ruta. También en la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Horacio Alcuaz (GEN) presentó un proyecto de ley que “garantice el derecho a la participación popular en la vía pública, el derecho a organizarse en sus distintas formas, así como la protesta social a fin de evitar su criminalización”, al tiempo que propone en su segundo artículo “la extinción de la pena y/o la acción penal de las fuerzas policiales contra las personas a raíz de su participación en hechos ocurridos con motivo o con finalidad de reivindicación social, económica, política, laboral, gremial, sindical, cultural, estudiantil, ambiental, de usuarios, de derechos de los pueblos originarios, de derecho humanos, de salud pública, de educación y de justicia”.

La jornada de este domingo reunió a un centenar de vecinos. Todo comenzó al compás de tamboriles de la murga “La Ribera”, seguido de una larga lista de adhesiones por parte de fuerzas políticas (GEN, Partido Obrero, Nuevo Encuentro Luján, Mercedes, General Rodríguez y Carmen de Areco, y el Partido Socialista Luján), organizaciones ambientalistas (Mesa Amplia contra el Incinerador Marcos Martín de Marcos Paz), organizaciones sociales (Centro Nazaret, Comisión de Derechos Humanos de Luján, MTC Frente Darío Santillán, Agrupación Indigenista Latinoamericano, Grupo de Educadores Populares de Areco, Movimiento Unidad Latinoamericano por el Cambio Social, Madres filial Luján, Bachillerato Popular, Espacio Chico Méndez, Leonardo Pérez Esquivel, Asociación de Veteranos de Guerra, Cooperativa Pares, Movimiento de Participación Popular y Pañuelos en Rebeldía), entidades intermedias (sociedad de fomento barrio Lanusse), gremiales (SUTEBA Luján-General Rodríguez, SUTEBA Exaltación de la Cruz y Marcos Paz) e instituciones deportivas (Club Náutico El Timón).

También sumó su apoyo el Espacio Intercuencas que reúne a unas 60 asambleas del GBA y la Unión de Asambleas Ciudadanas que agrupa a más de 400 espacios de todo el país.

Algunas voces

- Dino Viotto (AEVOB): “No nos extrañó la resolución de nuestro gobierno provincial. Casi que esperábamos que allane el camino a estos empresarios que no valoran la vida ni de sus obreros ni de la población circundante. Sólo por segunda vez en la historia de esta industria han conseguido, entre gallos y medianoches, un Certificado de Aptitud Ambiental para dos años más. Sí fue sorpresa que, junto a ese regalo, viene de la mano la utilización de un recurso para tener menores costos y mayores ganancias, y que va a haber mayor peligro ambiental y consecuencias sobre la salud como es el horno para secar los barros. Y como si esto fuera poco, queda la judicialización de seis personas que el delito que cometieron fue reclamar, protestar y concientizar al pueblo sobre el valor de la vida con salud”.

- Emilce Tortelli (AluCeC Villa Flandria): “Hacemos prevención, y la prevención es salud y luchar contra la contaminación día a día. Es lamentable, llegar a la sede y ver que hay un paciente más. Nuestro pueblo es muy pequeño para tener la cantidad de pacientes que tenemos. Hemos pasado la media nacional y son datos fehacientes (...) Nuestro pueblo es bello pero nuestra salud se está deteriorando por señores que se creen inmortales. Sigamos insistiendo, apoyemos a todas las marchas y no tengamos miedo. El cáncer se cura, pero para eso tenemos que erradicar una empresa que nos contamina. Que el miedo no nos paralice”.

- Roberto (Asamblea Vecinal de Vicente López): “Además de la represión, otro método que tiene este sistema es la judicialización. Lo único que puede parar la contaminación y la muerte es la gente en la calle, los vecinos cortando rutas y haciendo manifestaciones, luchando por la vida para hacer que se detenga este sistema extractivo y destructivo que está terminado no sólo con el país sino con el mundo”.

- Laura Olivares (vecina de Jáuregui): “Nos persiguen a nosotros en vez de tomar la protesta social como un acto de honrar la democracia y un acto heroico de los pueblos de levantarse cuando el Estado no cumple. Vamos a seguir luchando porque Curtarsa se tiene que ir de Jáuregui, nunca tuvo que estar en Jáuregui. Gracias a los poderes, creció, envenenó, envenena y sigue matando”.

- Santiago Deschutter (Asamblea Ambiental Luján): “Todos los que están luchando por un ambiente sano, en algún momento tienen que pasar por una instancia de estar judicializados, en vez de estar aquel que contamina y enferma. Ese recibe un Certificado de Aptitud Ambiental, quien despide trabajadores como perros y tiene un tercio de su planta como contratados que reciben beneficios del Estado. Hay que preguntarse: ¿a quién defiende el Estado provincial?”.