En medio del conflicto entre la Provincia y Galuccio, el Gobierno quitó a esta sociedad el 50% de una de las áreas más productivas del sur local. Dicen que la ley los avala.
O sea que el Gobierno absorbió la mitad del área petrolera y ahora podrá ofrecer esa parte en licitación para que otra empresa pueda explotarla. Desde el Estado, explican que “sólo se sigue la normativa legal” pero un repaso de los hechos abre un signo de interrogación.
En abril se conoció la existencia de un proyecto de ley para regular y unificar las condiciones de los llamados a licitación y las entregas de las concesiones gestionadas por las empresas provinciales de energía. Algunos actores interpretaron que el Gobierno nacional e YPF buscaban quitar potestad administrativa a las provincias sobre sus áreas petroleras y así redireccionar recursos hacia las arcas del Estado nacional. Ante un escenario semejante, Mendoza y la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) se verían afectadas.
Con el conflicto latente, el 15 de mayo Emesa llamó a licitación para la explotación de 8 áreas petroleras secundarias. Aunque se recibieron algunas propuestas, llamó la atención la ausencia de YPF que, no conforme con la metodología, decidió no presentarse.
De esta forma se consolidaron las diferencias entre el gobierno provincial y Galuccio, quien a su vez también está distanciado de otras provincias petroleras, como es el caso de Neuquén, que lucha porque su empresa provincial, Gas y Petróleo Neuquén (GyP), obtenga la jurisdicción sobre las concesiones que caducarán en 2016 en esa provincia.
A pesar del contexto y de las diferencias de criterio entre YPF y la empresa estatal de energía de Mendoza, desde el Gobierno aseguraron que la quita de la mitad del área concesionada “responde a la normativa legal vigente”.
Marcos Zandomeni, ministro de Energía de la provincia, reconoció y confirmó que el Estado provincial comunicó a YPF y a sus socios que deberá devolver el 50% de Chachahuén a la Provincia.
Como justificativo, el funcionario explicó que “la Ley de Hidrocarburos nacional (17.319) establece que una vez transcurridos 3 años desde la obtención de la concesión, la empresa adjudicataria debe devolver a la provincia el 50% del área explorada, aunque ésta sea una zona no productiva”.
El ministro reconoció que YPF ha realizado las inversiones a las cuales se había comprometido, pero indicó que “la normativa legal debe cumplirse”.
La historia de la concesión
En 2008, el entonces gobernador, Celso Jaque, adjudicó el área de Chachahuén -una de las más productivas de la provincia- a la empresa Andes Energía, perteneciente al grupo Vila-Manzano. Desde ese año hasta 2011, no se invirtió en exploración y ese año los adjudicatarios iniciaron negociaciones con YPF para venderle 70% del área concesionada, operación que concluyó en 2012. Fuentes del sector, informaron que “YPF invirtió entre 2012 y junio de 2014 más de U$S 75 millones en esa área y pagó regalías del 23% a Mendoza”.
Teniendo en cuenta la normativa legal que obliga a YPF y a sus socios a ceder el 50% de Chachahuén a la Provincia, surge la incógnita de por qué no se tomó la determinación en 2011, cuando se cumplieron 3 años desde el inicio de la concesión. Sobre este punto, Zandomeni comentó que “los 3 años corrieron desde 2011, cuando se hizo la declaración de impacto ambiental”.
No fue posible contar con la opinión de YPF sobre la reversión, pero expertos en el negocio petrolero aseguraron que el estudio de impacto ambiental demora “como máximo 6 meses”.
Así, es al menos confuso que el Gobierno no interviniera en Chachahuén durante 3 años de desinversión y sí lo haga ahora, cuando parece crecer el conflicto entre la Provincia e YPF.
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