La secretaría, querellante de la causa por la apropiación ilegítima de la empresa durante la última dictadura cívico militar, realizó esa solicitud al juez federal Julián Ercolini.
Asimismo, solicitó que se indague a todos los que de la investigación resulten ser autores, cómplices, o instigadores de los delitos denunciados.
La presentación judicial, encabezada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación; Martín Fresneda, el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén; y los abogados patrocinantes, Claudio Orosz y Pablo Barbuto, se fundó en la jurisprudencia que reiteradamente ha expresado que "la denegación a citar a los imputados podría impedir una conclusión definitiva, causando un agravio para el ejercicio de la acusación de imposible reparación ulterior", según se informó.
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