En una medida que pretende impulsar la causa Papel Prensa, donde se investiga la transferencia compulsiva de las acciones de la papelera a los diarios Clarín, La Nación y La Razón durante el terrorismo de Estado, tres procuradores que se especializan en casos de lesa humanidad realizaron una presentación ante la fiscalía de Eduardo Taiano, a cargo del expediente, proponiendo que se impute y se le tome declaración indagatoria a los imputados Héctor Magnetto (director ejecutivo del grupo Clarín), Ernestina Herrera de Noble (directora del multimedios), Bartolomé Mitre (ex presidente de La Nación S.A), Juan Gainza Paz (quien fue intermediario entre los dueños de medios y las Fuerzas Armadas) y al ex funcionario de la dictadura, Raymundo Podestá. A todos se los acusa de extorsionar y perseguir por motivos raciales, económicos e ideológicos a integrantes del grupo Graiver, la familia que fue despojada.

El proyecto de dictamen, que analiza, entre otras cuestiones, las pruebas que se desprenden del expediente, fue presentado el miércoles por el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, y los fiscales generales a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Guillermo Friele y Alejandro Alagia.

"Se trata de un trabajo técnico, argumental, basado en el derecho internacional que busca influir en el fiscal", explicó Alagia a este diario. "Es una causa demorada, trabada. Nosotros queremos prepararla para llegar a juicio", aseguró. Por su parte, Auat indicó: "Leyendo la causa llegamos a la conclusión de que hay razones para pedir la indagatoria de los acusados. Preparamos un proyecto que le enviamos al fiscal del caso para que actúe en consecuencia. Está en Taiano decidir los pasos a seguir".

En su trabajo, al que se puede acceder desde la página fiscales.gob.ar, los procuradores atribuyeron a los acusados "haber participado el día 2 de noviembre de 1976 en la sede del diario La Nación en un convenio para transferir acciones, sometido a condiciones extorsivas –mediante intimidación– y en un contexto de persecución política contra la familia Graiver y allegados a sus negocios ordenada por la primera junta de dictadores".

"La maniobra tuvo, entre otros fines, obligar al grupo Graiver a vender únicamente a los imputados" la empresa Papel Prensa S.A., "que no podía quedar en manos de las víctimas al haber sido declaradas por los militares enemigos del país", sostuvieron los autores del dictamen. Y señalaron que los inculpados tenían "pleno conocimiento del riesgo de vida que corrían" los Graiver.

Para los investigadores, el despojo fue un claro negocio entre los tres diarios y los militares: "La coordinación entre la progresión de las amenazas, por un lado, y el avance de las negociaciones, por el otro, es un indicio vehemente del acuerdo que, explícitamente o no, existía entre el régimen y los empresarios (...)". Los fiscales también describieron en su trabajo los roles que ejerció cada uno de los imputados. Por ejemplo, a Magnetto, Mitre y Podestá se los sindica como coautores "en el desapoderamiento extorsivo".

En diálogo con Tiempo, Luis Alén, subsecretario de Protección de los Derecho Humanos y querellante en la causa, manifestó: "Nosotros venimos sosteniendo hace más de tres años que (los imputados) tienen que ser llamados a indagatoria. Nos parece bien que los fiscales hayan decidido tomar un rol más activo. Esperamos que esto sea escuchado por el tribunal y por el fiscal interviniente". «

El contador faltó a la cita con ercolini

El contador de la empresa Papel Prensa Hugo Bogani faltó ayer a su cita con el juez federal Julián Ercolini. Mediante un escrito, informó que no podía concurrir a prestar declaración testimonial porque estaba de viaje en Estados Unidos.

El 2 de noviembre de 1976, según la imputación fiscal, Bogani y su colega Osvaldo Benjamín Reinoso fueron convocados, entre otro grupo de empresarios, por los representantes de los diarios Clarín, La Nación y La Razón para firmar los convenios de transferencia de acciones. Si los herederos de David Graiver "firmaban la transferencia de acciones no les ocurriría absolutamente nada", habían escuchado como promesa. Sobre eso debía declarar el contador ausente.

A principios de abril, Isidoro Graiver, hermano del difunto empresario David Graiver, tampoco concurrió a declarar ante el mismo juez en el marco del expediente. Graiver fue convocado para atestiguar a partir de una serie de contradicciones en expresiones públicas sobre la operación. En declaraciones a este diario Graiver había denunciado presiones para el traspaso de la empresa, pero luego publicó una solicitada en la que desmintió esa versión.