Estilo. Le gusta vestir bien, beber champagne y hacer caminatas. Es un símbolo de buen vivir.

Otra vez, una decisión del juez federal Norberto Oyarbide descolocó a poderosos y prevenidos. Acaparador, protagonista e imprevisible, el magistrado más polémico de los Tribunales dio un vuelco de 180 grados en la causa por la mafia de los medicamentos y puso a los sindicalistas en estado de alerta, forzó a los defensores de Gerónimo Venegas a cortar calles y rutas, y lanzó una advertencia a uno de los factores de poder más contundentes del país.

“¿Dicen que rompió con el Gobierno? No, están equivocados”, se ríe un colega de Oyarbide en los tribunales de Comodoro Py. Si bien el magistrado que profesa el glamour y el estrellato, que se diferencia a rajatabla del resto de los jueces federales, sobreseyó a Néstor y Cristina Kirchner por el delito de enriquecimiento ilícito, esta semana dio un golpe al kirchnerismo al procesar por lavado de dinero a los responsables de la recaudación de la campaña presidencial en 2007. “Desde diciembre, algunas cosas cambiaron”, analizan en los tribunales federales, donde los magistrados acusan a Oyarbide de acaparar las causas más sensibles.

De hecho, fue antes de terminar 2010 que el juez procesó a dos ex miembros del Gobierno por el pago de coimas en el caso Skanska, uno de los casos que despierta la sensibilidad del oficialismo. También procesó al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

Ya no queda nada de ese juez humillado en aquel juicio político de 2001, del que lo salvó el peronismo en el Senado, luego del escándalo de Spartacus y las acusaciones de connivencia con la prostitución.

Ahora gobierna la vida de los tribunales federales y “se quiere quedar con todas las causas que le interesan y deshacerse de todas las que no le sirven”, despotrica otro de sus colegas. “El doctor está conmovido por la causa de los medicamentos”, lo defiende un allegado.

En los últimos meses, Oyarbide avanzó en varias causas clave para el Gobierno en manos de otros juzgados o fiscalías, como los aportes de campaña, el Triple Crimen de General Rodríguez y el narcoavión que habría partido desde la base aérea de Morón con más de 900 kilos de cocaína hacia Barcelona. “Acumula tantos expedientes sobre los medicamentos porque, cada vez que descubre o denuncian un hecho nuevo, genera una nueva causa y, en lugar de mandarla a sorteo, se la asigna a su propio juzgado”, lo critican en Comodoro Py.

La consolidación del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura auguraría otra etapa sin juicios políticos ni llamadas de atención al polémico magistrado. “Mete a todo el mundo preso, es una perversidad”, se quejan sus detractores.

Una detención que despierta suspicacias

La legitimidad de los actos judiciales no se convalida con el voto popular. Depende de algo mucho más complejo, la credibilidad o confianza de los ciudadanos en la imparcialidad del que resuelve.

Por esa razón, es necesario un control adecuado sobre el desempeño de los magistrados, porque cuando un juez pierde credibilidad, cualquier acto que realice, aún los ajustados a derecho, caen dentro de un manto de sospecha.

El juez Oyarbide ha sido un magistrado envuelto en la polémica. Fue acusado por la Cámara de Diputados y estuvo a punto de ser destituido por el Senado hace diez años, salvando su cargo gracias al voto de los senadores justicialistas.

Luego de ello ha tramitado varias causas resonantes, recibiendo cuestionamientos en varias de ellas. Una tramitación muy prolongada en la causa Skanska que contrastó con el cierre expedito de la causa de enriquecimeinto ilícito del matrimonio Kirchner y una muy fuerte queja de PRO respecto de la causa de escuchas ilegales que involucraba a Macri, llegándoselo a acusar de haber “fabricado” la imputación.

La causa llamada “de los medicamentos” tiene una enorme importancia porque, al parecer, se vincula con el funcionamiento irregular de numerosas obras sociales sindicales.

En el marco de este expediente, la espectacular detención de un dirigente sindical vinculado al peronismo federal ha provocado una fuerte reacción de numerosos dirigentes políticos y sindicales que imputan al juez ser instrumento de los designios del Gobierno.

Más allá de que esta detención pueda dar origen a fundadas suspicacias –pues la ley exige como regla la comparecencia del imputado por simple citación, reservando la detención para casos excepcionales–, el episodio puede hacernos reflexionar sobre dos circunstancias.

Por un lado, que debemos terminar con la impunidad enorme que existe en materia de corrupción estatal.

Por otro, que para ello necesitamos jueces probos y creíbles, para que sus decisiones no estén sujetas a una sospecha permanente.