Según fuentes judiciales consultadas por Clarín , hasta ahora no se pudieron corroborar actividades ilegales. Aunque se copiaron los discos rígidos de seis computadoras halladas en el lugar, que serán analizadas para determinar si la información que acumulaba la Gendarmería sobre protestas sociales y militantes era obtenida a partir de órdenes de jueces.

El procedimiento fue conducido por el juez Oyarbide y realizado por personal de la división Drogas de la Policía Federal, a cargo del comisario Néstor Roncaglia. Comenzó siendo una inspección ocular de las oficinas de Gendarmería y terminó con el copiado de los discos rígidos. Se hallaron copias de escuchas telefónicas ordenadas por jueces y materiales de investigación, que, explicaron las fuentes, no se correspondían con los delitos denunciados . Cuando a principios de año se conoció la existencia del Proyecto X, integrantes de organismos de derechos humanos manifestaron su preocupación debido a que las fuerzas de seguridad tengan una base de datos secretos de manifestantes. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, negó la existencia de una unidad al margen de la ley y en febrero pasado señaló que “no admitimos espionaje y, si llegara a haber, seremos inflexibles [sic]. Pero tampoco tomamos decisiones sin reflexión”. La denuncia de las organizaciones sociales se basó en un documento firmado por el comandante general de Gendarmería, Héctor Schenone, que admitió en un escrito judicial que la fuerza tiene un programa llamado “Proyecto X”, que tiene como objetivo obtener información personal, creencias, movimientos bancarios y direcciones de líderes de movimientos sociales y gremiales”. Se trata de determinar si ese procedimiento se realizó con órdenes judiciales o al margen de la ley.

El fiscal del caso, Gerardo Pollicita, había pedido la realización de la inspección en Campo de Mayo al comienzo de la causa, hace varios meses. La abogada querellante en la causa, y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialista (PTS), Myriam Bregman, afirmó que “lo ocurrido ayer es un hecho muy importante: el allanamiento de una sede de una fuerza represiva por estar sospechada de espionaje ilegal.

Estuvimos meses esperando esta medida y cada día de demora fue tiempo ganado por los investigados para borrar pruebas”. Bregman también cuestionó la decisión tomada por Oyarbide reafirmando que en los peritajes informáticos sobre los elementos secuestrados en Campo de Mayo y en el edificio Centinela (donde funciona el Proyecto X) participan dos miembros de Gendarmería, uno de la SIDE que cuenta con identidad reservada y sólo un perito oficial. Con relación a ello sostuvo que “el juez rechazó nuestra impugnación a que participen de la peritajes los miembros de la Gendarmería que propuso el propio Comandante Schenone. ¿A quién se le puede ocurrir que serán imparciales a la hora de participar en las pericias si pertenecen a la fuerza investigada ? ¿Tenemos que creer que los propusieron inocentemente o para controlar lo que va surgiendo en su contra? Es sumamente preocupante”, remató la dirigente.