Oyarbide es investigado por haber admitido que frenó una serie de allanamientos -que él mismo había ordenado- después de recibir una llamada del subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, el segundo de Carlos Zannini.

En su escrito de ayer, Oyarbide dijo no tener "la menor idea" de "cómo hizo para contactarse" Liuzzi con él. Afirmó que no tienen "relación personal" y que hubiera actuado de igual modo si la llamada hubiera sido anónima. De acuerdo con el relato del juez, el día de los allanamientos "el suscripto [Oyarbide habla de sí mismo en tercera persona] recibió una comunicación telefónica de una persona que se identificó correctamente como el señor Carlos Liuzzi". Dijo que él le contó que unos policías habían allanado una mutual "incurriendo en abuso de armas" y pidiendo dinero en su nombre.

"Liuzzi fue un mero transmisor de la noticia", afirmó. En su descargo ante la Cámara Federal, el juez había dicho que Liuzzi era "tan confiable fuente" que su llamada lo había determinado a frenar los allanamientos. Ayer, en cambio, sostuvo que "en nada es determinante que haya sido Liuzzi" quien lo llamó. Oyarbide dijo que aunque la noticia no proviniera "del tan mentado poder político" hubiera "acarreado la misma decisión". Según él, no había otra alternativa porque "en su fuero íntimo" no podía ya "desvanecer la sospecha" de una posible irregularidad de los policías.

ANTELACIÓN

El escrito de Oyarbide llegó al Consejo de la Magistratura ayer al mediodía, mucho antes de lo previsto, cuando al juez le quedaban varias semanas más de plazo para presentar su descargo.

Oyarbide afirmó que con la noticia que le dio Liuzzi "se estaba quebrando la cadena de confianza" con los cerca de 150 agentes a los que les había encargado los operativos. Dijo además que "no es en absoluto descabellado presumir que los procederes ilegales se han repetido en los otros allanamientos", tal como afirmaron "medios periodísticos".

Además, dijo que no fue personalmente a constatar lo que estaba ocurriendo porque hubiera sido "un verdadero despropósito humanamente impracticable", dado que los allanamientos eran 22 y se estaban realizando en forma simultánea. Sostuvo además que no hubiera averiguado la verdad enfrentando en el lugar a las presuntas víctimas con los policías.

En total, su descargo tiene 18 páginas. No lleva la firma de ningún abogado, sólo la del juez, y pide como medidas de prueba una serie de expedientes judiciales. Entre ellos, una vieja causa por enriquecimiento ilícito contra Liuzzi que Oyarbide cerró.

El juez afirmó ayer que en esa causa no se investigó el supuesto enriquecimiento porque el fiscal no lo impulsó, como sí lo hizo respecto de otros delitos denunciados. Que el resto se cerró y que respecto del enriquecimiento no se adoptó "temperamento alguno".

"Todos los denunciantes construyen sus imputaciones sobre la base de una presunción falsa: la supuesta interrelación y/o connivencia del suscripto para con el poder político", dijo Oyarbide en su escrito. "Si este juez fuere connivente con Liuzzi -se preguntó-, ¿en qué razonamiento cabe disponer un allanamiento en oficinas de alguien vinculado a aquél?"

Según Oyarbide, quienes lo denunciaron "juegan con la presunción que han instalado mediáticamente sobre la corruptela de este juez". Él, en cambio, dice que en su tarea de "servidor público" recibe a diario llamadas que atiende personalmente, incluso de gente detenida por él.

Ésta es la segunda presentación de Oyarbide en este expediente. La primera fue la semana pasada, cuando recusó a cuatro de los consejeros de la oposición, a quienes acusó de haber "prejuzgado" en su contra y de exhibir una "enemistad manifiesta" con él. Estas recusaciones son lo primero que deberá tratar la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo cuando trate el caso Oyarbide, algo para lo que todavía no se fijó fecha..