RIO DE JANEIRO.- Después de haber resistido durante más de un mes varias denuncias periodísticas por corrupción, el ministro de Trabajo de Brasil, Carlos Lupi, presentó anoche su renuncia a la presidenta Dilma Rousseff. Se convirtió en el séptimo ministro obligado a dimitir desde que asumió la mandataria, en enero, seis de ellos por acusaciones de cobro de sobornos y malversación de dinero público.
La permanencia de Lupi en el gobierno ya se había vuelto insostenible luego de que el jueves, en una decisión sin precedente, la Comisión de Etica de la Presidencia recomendó el alejamiento del ministro, perteneciente al Partido Democrático Laborista (PDT), que integra la coalición oficialista liderada por el Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff.
"En vista de la persecución política y personal de los medios que vengo sufriendo hace ya dos meses sin derecho a defensa y sin pruebas, teniendo en cuenta la divulgación del informe de la Comisión de Etica de la Presidencia -que también me condenó sumariamente sobre la base de esas mismas noticias y sin darme derecho a la defensa-, decidí renunciar al cargo que ocupo, con carácter irrevocable", anunció Lupi anoche en la página web del Ministerio de Trabajo, tras una breve reunión con Rousseff en el Palacio del Planalto.
El mes pasado, la revista Veja acusó a Lupi y a un grupo de asesores de recibir coimas de organizaciones no gubernamentales (ONG) para que se les otorgasen contratos de cursos de perfeccionamiento para trabajadores que jamás se realizaron. Lupi intentó defenderse al acudir a la Cámara de Diputados y negar todo, pero luego se reveló que estaba relacionado con uno de los empresarios que lideraban la red de ONG beneficiadas y que había viajado en su avión particular, pese a que el ministro decía que no lo conocía.
En su comparecencia, Lupi llegó a afirmar que sólo dejaría el ministerio "a balazos", expresión que no le gustó nada a la presidenta. Al día siguiente, al pedir disculpas públicas a la mandataria por su frase, se fue al otro extremo: "Dilma, yo te amo", dijo.
Aunque en las semanas siguientes siguieron apareciendo nuevas informaciones sobre irregularidades en el Ministerio de Trabajo, Rousseff afirmó que sólo removería a Lupi como parte de la reforma del gabinete que tiene planeada para enero, cuando ella cumpla un año en el poder. Sin embargo, dentro del PDT el ministro perdió todo el apoyo de la cúpula partidaria y encima de eso llegó la recomendación de la Comisión de Etica de la Presidencia.
Además, el diario Folha de S. Paulo reveló que durante cinco años Lupi recibió dos salarios estatales al mismo tiempo (como asesor del Congreso Nacional en Brasilia y como diputado estatal de la Asamblea del estado de Río de Janeiro), algo prohibido por la Constitución. De visita en Venezuela, Dilma había indicado anteayer que a su llegada al país resolvería la situación; cuando fue llamado al Palacio del Planalto, Lupi ya tenía redactada su carta de renuncia.
Se trata del séptimo de los 37 ministros del gobierno que deja el cargo. Rousseff perdió antes al jefe de gabinete (Antonio Palocci), y a los ministros de Transportes (Alfredo Nascimento), de Agricultura (Wagner Rossi), de Defensa (Nelson Jobim), de Turismo (Pedro Novais) y de Deportes (Orlando Silva). Salvo el titular de Defensa, que fue obligado a dimitir por criticar a otras colegas del gabinete, el resto fueron todos acusados de irregularidades. Lupi, al igual que Palocci, Nascimento, Rossi, Jobim y Silva, había participado del anterior gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva. La prensa se refirió a estos ministros como "la herencia maldita" del ex presidente, que también fue sacudido por varios escándalos de corrupción durante su mandato.
A diferencia de Lula, Rousseff se ha mostrado dispuesta a retirar rápidamente de su gabinete a ministros cuestionados. Esa actitud de "limpieza" le ha valido un gran apoyo de la sociedad..


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