Rodeada de los habituales aplaudidores oficiales y de la gente que suele ser extorsionada (con los mecanismos del clientelismo político) para concurrir a actos oficiales, la presidenta Cristina Fernández ayer emprendió una nueva ofensiva para desterrar lo poco que le queda de independencia al poder judicial. El objetivo es claro: garantizarse impunidad, ante las distintas denuncias que han proliferados relacionadas con casos de corrupción que llegan al seno del gobierno.

En La Matanza, el distrito con mayores niveles de indigencia y pobreza del país, donde miles de compatriotas viven en condiciones absolutamente infrahumanas (comprables a lo que se registra en algunos países de Africa), la primera mandataria reclamó una “interpretación” de la Constitución Nacional “por parte de todos los jueces, que no sirva a intereses corporativos”.

En su discurso, pronunciado en la Universidad local (la misma casa de estudios que la Presidenta denostó el año pasado, cuando estuvo en Harvard), CFK dijo que “la Constitución debería ser modificada, lo digo con todas las letras”. Y generó los aplausos de la militancia rentada. Pero luego la primera mandataria agregó que “no voy a proponer cambios”.

Una eventual reforma de la carta magna, para lo cual requeriría aumentar su representación política en el congreso nacional, podría significar una modificación del artículo que limita la reelección presidencial. El sueño de que haya “Cristina eterna” tiene plena vigencia en las mentes afiebradas que pululan por la Casa Rosada.

No es la primera vez que Cristina promete que no habrá una reforma constitucional en su mandato. El 1° de marzo, en la apertura de las sesiones ordinarias del congreso, la jefa de Estado había dicho: "No se va a reformar ninguna Constitución, quédense tranquilos". Fue cuando comenzó a esbozar su proyecto de modificación de la Justicia, que culminó con los seis proyectos de ley que fueron tratados en el Parlamento.

“Observamos una justicia de dos velocidades, si los implicados son corporaciones poderosas, la Justicia es lenta”, dijo CFK. Y puso como ejemplo la polémica del gobierno con la Justicia por la “Ley de Medios, casi 4 años paralizada por medidas cautelares, o el latrocinio de la Sociedad Rural”.

Contra la oposición

Cristina también criticó a los legisladores de la oposición, que se resistieron a las leyes impulsadas por la Casa Rosada. "¿Cómo es posible que de seis leyes no estén de acuerdo con ninguna? ¿Cómo se puede estar en contra de que quienes van a integrar el Consejo de la Magistratura sean elegidos por el voto popular? ¿Cómo puede ser que sólo voten jueces o abogados?", cuestionó.

"Hay víctimas de la Justicia, pero no vestales (vírgenes perfectas que cuidaban a los griegos) ni en el Ejecutivo ni el Legislativo, y mucho menos afuera de los poderes del Estado", agregó la Presidenta.

A la presidenta se la vio iracunda. No era para menos. Ayer mismo, horas antes del acto, el juez Ariel Lijo rechazó un pedido del vicepresidente Amado Boudou que había solicitado el sobreseimiento en la causa que investiga el escándalo por la compra de la exCiccone. Eso no fue todo: la exsecretaria de Néstor Kirchner, My­riam Quiroga, se presentó en tribunales, y realizó explosivas declaraciones.

Por otra parte, en una muestra de que los K van por la suma del poder público, el Gobierno oficializó ayer la designación de 21 conjueces para la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

La aprobación del listado se produjo en medio de una fuerte polémica en el Senado, ya que según denunció la oposición se incluyeron abogados vinculados con el Frente para la Victoria, el matrimonio Kirchner en Santa Cruz y el empresario Lázaro Báez, imputado por presunto lavado de dinero. Uno de ellos es Facundo Julián González Figueroa, quien la semana pasada reconoció que fue abogado de Báez.