Ordenan retirar antenas en General Güemes

Ordenan retirar antenas en General Güemes
Ante dudas, la Justicia Federal aplicó el principio precautorio. Las empresas apelarán. Interrogantes en el servicio de telefonía.
Personal, la empresa de telefonía móvil del grupo Telecom, deberá alejar del casco urbano de General Güemes una antena que vecinos ven con preocupación, desde hace algunos años, ante una elevada densidad de enfermos y fallecidos por cáncer que sigue sin respuestas científicas concluyentes en esa ciudad.

Así lo ordenó el juez federal 1 de Salta, Julio Bavio, al rechazar una acción que Telecom y Personal habían interpuesto contra la ordenanza 299 del Municipio más poblado del Valle de Siancas. La norma, que el Concejo Deliberante de Güemes sancionó el 23 de junio de 2010, impuso a las empresas de telefonía la obligación de relocalizar sus antenas radiantes, a 200 metros de cualquier conglomerado urbano, en un plazo de 60 días.

La ordenanza había sido aprobada en medio de una creciente presión social que había comenzado a manifestarse en 2007 con las primeras denuncias de vecinos que, ante la falta de certezas médicas y de informes determinantes sobre los efectos de las señales de radiofrecuencia en la salud, derivaron en marchas y reclamos cada vez más generalizados contra las estructuras y antenas radiantes de Personal, Claro y Movistar.

La ordenanza 299 fue el punto culminante de esas manifestaciones, y el fallo que ahora dictó Bavio es un precedente que roza a todas las empresas de telefonía móvil dentro y fuera de la provincia. Hasta el cierre de esta edición, ninguna de las telefónicas se había pronunciado ante el duro revés judicial, pero extraoficialmente se anticipaban apelaciones.

El fallo

En la resolución que firmó el jueves último y se conoció ayer, el juez Bavio concluyó que “la ordenanza 299 fue dictada por el municipio en el marco de sus facultades constitucionales y legales”. También remarcó que, si bien el servicio de telefonía está regido por normas nacionales, las obras de emplazamiento de las antenas, la aprobación de sus planos, su ubicación geográfica conforme disposiciones de zonificación urbana, el impacto visual, urbanístico y ambiental, son aspectos que conciernen a las administraciones locales.

Sobre el fondo de la cuestión, el magistrado señaló que las antenas de telecomunicaciones móviles “están harto cuestionadas en la actualidad” por la dudosa inocuidad de sus emisiones. También observó que “no hay ninguna prueba científica convincente” de que las señales de radiofrecuencia procedentes de las estaciones de base y de las redes inalámbricas tengan efectos adversos en la salud.

Sobre lo expuesto, remarcó que, como pauta rectora de la política ambiental, se aplica tanto a nivel nacional como en la provincia el “principio precautorio” cuando existe peligro de daño grave e irreversible. Resaltó, finalmente, que la ausencia de información o certeza científica “no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces”, por lo que reafirmó la necesidad de que las antenas radiantes se emplacen “lejos de los centros urbanos” mientras no existan respuestas científicas concluyentes.

En el fallo, el juez Bavio dejó abiertas las puertas para que la Municipalidad de Gemes y las empresas telefónicas puedan acordar un plazo de relocalización mayor a 60 días, aunque sin sobrepasar tiempos que se juzguen razonables, en caso de que pueda verse comprometido el servicio de telefonía móvil con el término de erradicación perentoria establecido en la ordenanza 299.

Las posibles afectaciones fueron expuestas por Personal y Telecom en la acción que desestimó el magistrado. Las empresas subrayaron que las estructuras, antenas y sistemas operativos que deben ser desmantelados en calle Capitán Saravia 51 incluyen radiobases y radioenlaces de telefonía que conectan a Gemes y otras localidades salteñas con Tucumán.

“La exigencia de clausurar o desmontar las instalaciones destinadas al servicio público de telefonía fija y de la telefonía móvil puede afectar gravemente su normal prestación”, afirmaron las compañías, que pidieron “evaluar la crítica situación que provoca el requerimiento de trasladar, en el exiguo plazo de 60 días, la estructura soporte de las antenas”.

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