La Cámara pidió que se indague si Kicillof y Moreno cometieron el delito de “coacción”.
Los jueces Eduardo Farah y Eduardo Freiler votaron para que se investigue a los funcionarios, mientras que Jorge Luis Ballestero consideró que no había motivos para hacerlo y votó en minoría.
El ex secretario de Comercio Interior, Moreno, irrumpió hace casi un año en el edificio de Clarín, con el entonces viceministro de Economía, Kicillof, a quien le dijo: “¡Mirá todo lo que vamos a tener!”.
Los acompañaban el titular de la Sindicatura General de la Nación, Reposo, y de la Comisión Nacional de Valores, Vanoli, en nombre del Estado, que posee a través de la ANSES un 9% de sus acciones, como consecuencia de la nacionalización de las AFJP.
Durante toda la reunión los funcionarios atacaron verbalmente a los accionistas y directivos del Grupo Clarín, además de lanzar las mismas calumnias e injurias que el kirchnerismo viene repitiendo en los últimos seis años y que fueron desestimadas por la Justicia. Al mismo tiempo, procuraron boicotear el normal desarrollo de la Asamblea e impedir el tratamiento de cada uno de sus puntos.
En ese entonces, Moreno encabezó una nutrida delegación, que incluía a personas que no estaban autorizadas a participar de la Asamblea, como su esposa, Marta Cascales, y un grupo de periodistas alineados con el Gobierno.
Moreno sostuvo que el Grupo Clarín había bajado sus ganancias de 2012. “Ustedes están para ganar plata, el ordenador básico de un hombre de negocios es ganar plata”, repitió. Por eso, les pidió a los ejecutivos de Clarín: “Váyanse de la conducción de la compañía”.
Moreno acusó a los accionistas del Grupo Clarín por delitos de lesa humanidad y repitió varias veces que la compañía no se allanaba a la ley. Estas acusaciones fueron desmentidas terminantemente por el vicepresidente de la Asamblea, Jorge Rendo.
“Tengan en cuenta que como accionistas minoritarios tenemos una nueva Ley de Mercado de Capitales. Cuando voten tengan mucho cuidado”, decía Moreno, en una amenaza de usar esa normativa que aprobó el kirchnerismo para intervenir sin actuación judicial las empresas privadas. Reposo adhería a “todo lo que dijo Moreno”. Y acusaba a Clarín: “Yo los conozco de Papel Prensa. ¡Ustedes atentan contra las instituciones!”.
A partir del reciente fallo de la Cámara Federal, ahora será el juez Canicoba Corral quien investigará si los funcionarios cometieron los delitos de coacción agravada e intimidación, según la denuncia que presentó el Grupo Clarín.




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