Por Ludmila Vinogradoff

Caracas. Especial para Clarín

Un clamor al mundo, un verdadero “SOS” de apoyo ha pedido ayer la alianza Unidad Democrática (MUD) para hacer respetar los resultados de la elección parlamentaria del último 6 de diciembre en Venezuela en las que el chavismo perdió la mayoría en el Congreso nacional por primera vez en una década. La alianza opositora –integrada por 28 partidos, de la derecha a la izquierda– calificó como un “golpe de Estado Judicial” la ofensiva que adelanta el gobierno de Nicolás Maduro para trabar el funcionamiento de la nueva legislatura de mayoría calificada que asumirá el próximo martes.

“Está en peligro el camino pacífico” que escogieron los venezolanos para resolver la grave crisis política, económica y social que sufre el país, alertó Jesús Chúo Torrealba, el secretario ejecutivo de la MUD en una carta dirigida a la ONU, a la OEA, la Unión Europea, el Mercosur, la Unasur y a líderes parlamentarios del hemisferio.

Desde que la oposición triunfó limpiamente el 6 de diciembre, Maduro la ha estado torpedeando. Su último golpe fue solicitar el último martes la impugnación de ocho diputados opositores electos y proclamados oficialmente por la autoridad electoral para restar fuerza a la coalición, que ganó una mayoría de dos tercios de los escaños (112 bancas de 167). Además, Maduro designó de manera irregular e inconstitucional a 13 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, creó la Asamblea Comunal Nacional –una especie de Parlamento paralelo– y estableció los Consejos Presidenciales integrados por las comunas. Todas son medidas que buscan trabar el normal funcionamiento del Parlamento y evitar que ejecute algunas de las medidas constitucionales a las que está autorizada la oposición tras ganar la mayoría calificada, entre ellas, la remoción de funcionarios, el llamado a una asamblea constituyente para modificar la Carta Magna o, incluso, convocar a un referendo nacional para revocar el mandato del presidente Maduro.

La desembozada estrategia oficialista de torpedear a la oposición ha terminado por unir a las líneas internas en disputa en la MUD y encabezadas por el encarcelado Leopoldo López y el ex candidato presidencial, Henrique Capriles, cuyo partido Primero Justicia es el que ganó la mayor cantidad de bancas. Ambas corrientes ahoran han coincidido en la necesidad de forzar la salida de Maduro a través del recurso constitucional del revocatorio, incluido en la Carta Magna por propio chavismo.

En su carta, la MUD solicita a los organismos internacionales y a líderes parlamentarios del hemisferio activar los mecanismos necesarios para que sea respetada “la democrática y pacífica voluntad de cambio” que expresó el pueblo de Venezuela en las parlamentarias. La misiva fue enviada a los secretarios generales de la ONU, Ban Ki-Moon, y de la OEA, Luis Almagro; al presidente de Paraguay, Horacio Cartes, en su condición de presidente pro tempore de Mercosur; al secretario general de Unasur, Ernesto Samper, y a Federica Mogherini, la canciller de la Unión Europea.

La coalición recordó que fueron casi ocho millones de venezolanos los que votaron por el cambio, con una amplia ventaja de dos millones de sufragios sobre la opción oficialista. Triunfo inobjetable porque se logró con las volubles reglas que el oficialismo impuso, regido por un “árbitro” claramente obsecuente con el oficialismo, en un proceso “acompañado” sólo por los observadores que el oficialismo permitió.

“Ese camino pacífico hoy está en peligro. Desafiando la voluntad del pueblo expresada en las urnas, y utilizando un poder judicial colonizado por el partido de gobierno, el oficialismo pretende desconocer los resultados electorales que ellos mismos reiteradamente llamaron a respetar. Incumpliendo lapsos, violentando instancias, poniendo a decidir a magistrados que son al mismo tiempo juez y parte, el oficialismo pretende impugnar un grupo de diputados, alterando así la composición que El Soberano decidió que tuviera el nuevo Parlamento”, alertó Torrealba. “Estamos así –concluyó– ante un intento de “golpe de Estado judicial” contra la decisión del pueblo”.