Los bloques de la oposición del Concejo Deliberante lograron en la sesión de este jueves que el sospechoso proyecto de ordenanza que impulsa el intendente Pulti con la intención de contratar en forma directa más de 2 mil GPS’s para los taxis no avanzara y que fuera girado para ser tratado nuevamente en las Comisiones del HCD.
Este jueves, en el marco de una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante, se trató un polémico proyecto de ordenanza impulsado por el intendente Pulti por el cual busca contratar en forma directa 2147 GPS’s para los taxis de la ciudad.
El expediente, que ya había sido evaluado a las apuradas en las comisiones de Legislación y Hacienda, fue fuertemente cuestionado desde un principio tanto por el arco opositor como por la mayoría de los trabajadores del volante, quienes dejaron en evidencia que además del monto inicial que la municipalidad pagaría a Taxi Puerto SRL por la implementación de los aparatos, cada licenciatario debía afrontar durante cinco años un cargo adicional en concepto de mantenimiento de los dispositivos; una maniobra que esconde un negocio de casi $ 15 millones.
Inclusive, tal como reveló 0223.com.ar, un informe de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones de la municipalidad de General Pueyrredon indica que la firma a cargo de proveer el sistema de posicionamiento satelital “no presenta ningún antecedente propio de implementaciones de este sistema, aunque sean de menor envergadura que la solicitada”.
En ese marco, el debate en el recinto no transcurrió en un clima de cordialidad: desde temprano comenzaron a instalarse en el sector de la barra del Concejo varios peones de taxis nucleados en el Sindicato Único de Peones de Taxis (SUPETAX), con el secretario general pultista, Donato Cirone, a la cabeza y, poco después, algunos trabajadores agredieron verbalmente a los concejales José Cano, Guillermo Schütrumpf y Diego Garciarena cuando estos manifestaban su rechazo a la iniciativa promovida por el Departamento Ejecutivo.
“Nosotros no nos opusimos a la instalación de los GPS sino a ese proyecto, básicamente porque estaba muy desordenado”, aclaró Cano en declaraciones a este vespertino digital.
En ese sentido, el edil del GEN remarcó que la propuesta “decía, entre otras cosas, que se iba a pagar el sistema con los fondos de seguridad, cosa que no puede ser”. “Obviamente, esta y otras observaciones no fueron bien tomadas por los taxistas que estaban en la barra y que respondían al proyecto del oficialismo, quienes comenzaron con faltas de respeto y se acordaron de los parientes de cada uno de nosotros”, relató.
También mencionó que Acción Marplatense intentó una “maniobra” para que el expediente fuera avalado y que tuvo que ver con que, “en un momento, cuando dos concejales habían salido a fumar, (Héctor) Rosso pidió que se votara el proyecto”. Sin embargo, señaló, “automáticamente los dos concejales volvieron, votaron y perdieron”.
En tanto, si bien remarcó que el bloque oficialista contaba con los votos suficientes para avanzar con la polémica contratación, no pudieron concretar el objetivo porque Mario Lucchesi “estaba presente pero se levantó y se fue”.
“Incluso, el concejal (Carlos) Katz les dijo que en lugar de agredir y calificar a la oposición, salieran a buscar al concejal de su propia bancada porque ése era el voto que les faltaba”, detalló.
Finalmente, los bloques del Kirchnerismo, el GEN, la UCR y Frente es Posible consiguieron que el expediente volviera a Comisiones del HCD.
Por último, dijo que “ya se pidieron las desgrabaciones de la sesión para presentar las imágenes en una Fiscalía en turno porque nos amenazaron con que irían a nuestras casas y hablaron de nuestras familias”. Y enfatizó: “Mi opinión personal es que la iracundia de la barra fue permitida por Rosso y el presidente del HCD, Marcelo Artime”.
“ARTIME, ¿INCOMPETENCIA O MANIOBRA POLÍTICA?”
Por su parte, luego de la escandalosa sesión, el concejal de Frente es Posible, Carlos Arroyo, evaluó que “el presidente del Honorable Concejo Deliberante fue dejando que un grupo minoritario que representaba al sector de taxistas se fuera exacerbando alentado por el bloque de Acción Marplatense, motores del proyecto”.
Según manifestó, el candidato a Secretario de Gobierno, Marcelo Artime, “se refirió a las irregularidades como ‘simples cuestiones de papeleos’ que se pueden saltar diciendo: ‘tomemos la decisión y los papeles los acomodamos después’”. Para Arroyo, “estas ‘mínimas’ irregularidades representaban que no existían fondos asignados para pagar los GPS y que las empresas no tenían autonomía solvencia económica suficiente”.
A su vez, recordó que el Concejo “aprobó la colocación de las cámaras de seguridad que jamás se instalaron” y consideró que “todo esto es por la desprolijidad de la bancada del oficialismo”.
Además, sostuvo que “si bien es cierto que los trabajadores de taxis deben contar con mayor seguridad, no menos cierto es que el Concejo debe velar porque los proyectos puedan efectivizarse”. “Uno de los puntos enfatizados por la oposición es que ya hay un sector con GPS contratado a un menor valor que el que impone la ordenanza y por eso nos negamos a la monopolización del servicio”, añadió.
“La municipalidad debe imponer reglas, pero no debe ser quien exija la contratación de un servicio particular, sino que debe reglamentar el uso y dejar que cada empresa decida con quien trabajar”, aseveró.
AIELLO LE ECHÓ LA CULPA A LA OPOSICIÓN
A su turno, el concejal de Acción Marplatense, Martín Aiello, declaró: “Continuamente nuestros pares opositores aparecen en medios de comunicación solicitando enfáticamente medidas tendientes a garantizar la seguridad de los ciudadanos, por lo que no entendemos por qué ahora que traemos una –que además es pedida por los trabajadores- se manifiestan en contra. Eso nos hace pensar que su preocupación por la seguridad es meramente discursiva”.
También subrayó que “tampoco nos explicaron claramente el por qué de la negativa; sólo presentaron sus dudas -sin mayores detalles- sobre las condiciones de contratación, obviando que el Director del Programa de Seguridad Ciudadana, Dr. César Ventimiglia, hizo expreso que se encontraban dadas todas las condiciones legales, técnicas y operativas para dar curso favorable a la contratación en cuestión. Eso sin mencionar que la Procuración Municipal (que es independiente de los partidos políticos) de ninguna manera puso en duda la cuestión jurídica”.
Para Aiello, “realmente resulta incomprensible (comprender) por qué se negaron a algo que los propios taxistas piden y reclaman constantemente, incluso estando dispuestos a abonar $ 3 por día en pos de la seguridad de sus vidas y la de sus pasajeros”.
“La oposición debería recordar que el Estado debe velar porque cada trabajador pueda trabajar sin temer por su vida”, puntualizó.
Y arremetió: “Tras un doloso hecho de inseguridad ocurrido en 2009, el HCD sesionó un día sábado y resolvió votar la emergencia en materia de seguridad, con lo cual se autorizó al Departamento Ejecutivo a realizar la compra y adjudicación en forma directa de GPS. Nosotros cumplimos con los pasos estipulados por la Ley Orgánica Municipal y no entendemos por qué ahora, justo en un año electoral, no nos acompañan en la búsqueda de soluciones para el problema de la inseguridad. Eso nos hace pensar que están dispuestos a hacer política con algo tan sensible a los vecinos como es la seguridad”.








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