La diputada Elisa Carrió por el CC-ARI, hará una presentación en la Justicia, en tanto que otra estará a cargo de un grupo de legisladores de PRO.

La lider de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, hará una ampliación de la denuncia que ya había presentado contra la procuradora Alejandra Gils Carbó por encubrimiento agravado y abuso de autoridad, para incluir esta vez a los funcionarios que votaron el último jueves la suspensión del fiscal José María Campagnoli.

Se trata de los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Publico de la Nación Ernesto Kreplak, Daniel Adler, Rodolfo María Ojea Quintana y María Cristina Martínez Córdoba, a quienes Carrió acusa de querer "encubrir las conductas criminosas de los imputados en la causa Baez que, se sospecha, vinculan a los imputados con las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional" y sostuvo en su presentación que "el tribunal sesionó a puertas cerradas, en una oscura circunstancia lejana a la transparencia que amerita un acto jurisdiccional de estas características. El proceder de los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento violó flagrantemente las más básicas garantías del articulo 18 de la Constitución Nacional al no permitirle al fiscal Campagnoli ejercer el más básico derecho de defensa frente a ese cuerpo”.

Mientras que los diputados del interbloque Unión PRO anunciaron que el 16 de diciembre presentarán también una denuncia penal contra los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento que votaron a favor de la suspensión del fiscal.

Los diputados Patricia Bullrich, Pablo Tonelli, Cornelia Schmitt-Liermann y Laura Alonso adelantaron que la denuncia será contra el presidente del Tribunal y representante del Poder Ejecutivo, Ernesto Kreplak; el fiscal Daniel Adler; Rodolfo María Ojea Quintana, designado por el Senado de la Nación; y María Cristina Martínez Córdoba, defensora pública de menores.

En un comunicado de prensa los diputados estiman que los integrantes del tribunal "podrían haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y hasta cohecho" y expresaron que "la persecución al fiscal tiene un alto contenido político debido a las circunstancias que rodearon la decisión de la Procuradora General, (Alejandra) Gils Carbó, de impulsar el apartamiento y juzgamiento del fiscal".

Los legisladores adelantaron que el bloque controlará "muy de cerca y muy estrictamente la labor del Tribunal de Enjuiciamiento porque sospechan su manifiesta parcialidad", en tanto que señalaron que velarán "en todo cuanto esté a su alcance, por el debido respeto de las garantías constitucionales que amparan al fiscal Campagnoli".

Por su parte el partido Confianza Pública, que integran las legisladoras porteña Graciela Ocaña y Cristina García junto con Daniel Amoroso, cuestionó acusó al Tribunal de “no dejar investigar a un Fiscal de la Nación con tranquilidad y encubrir los hechos de corrupción que tiene este gobierno” y sostuvieron que “la decisión de suspender a un fiscal a puertas cerradas, por hacer su trabajo e investigar a los funcionarios del gobierno, es vergonzoso, es una muestra más de los casos de corrupción que existen en el poder y desde hace años todos miran hacia otro lado”.

Ocaña afirmó: “El Gobierno, a través de la fiscal Gils Carbó, no solamente intenta castigar al fiscal Campagnoli, sino que esta sanción sirva como una amenaza para los demás hombres de la Justicia, para que quienes quieran investigar al gobierno estén advertidos”.

Y agregó: “El problema es que el gobierno nacional no perdona a Campagnoli porque sus dictámenes estén presentados en Suiza. Con esta investigación se demuestra el lavado de dinero en Suiza. Esta no es la primera medida de este tipo que toman, lo cual demuestra que la justicia ideal para el kirchnerismo es la justicia sin fiscales”.

En una entrevista radial por la OnceDiez, la legisladora Laura Alonso, expresó que Campagnoli “no tuvo la garantía del derecho a defenderse” y advirtió que “la Procuradora puede dejarnos sin fiscales”. Asimismo, señaló a Gils Carbó por haber armado grupos de “fiscales truchos que no están capacitados, para que respondan a sus órdenes”.

Alonso lamentó que el próximo paso del fiscal sea pasar por el juicio político. "Todos sabemos que avanzó muy bien con la investigación”, concluyó.