Cuando el lunes se reinicie el juicio por la tragedia de Once, los ex funcionarios del gobierno nacional imputados sabrán que el Senado les habrá otorgado un salvoconducto mediante el cual podrían eludir su presunta responsabilidad civil en el accidente.

Es que el miércoles pasado los senadores convirtieron en ley un proyecto del Poder Ejecutivo que limita la responsabilidad del Estado por los daños producidos como consecuencia de su actividad o de su inacción, en los bienes o derechos de las personas. La sanción de la ley generó un total rechazo de los familiares de las 51 víctimas mortales de la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012.

"El Frente para la Victoria, y sus fuerzas aliadas, sancionaron una ley que deja al ciudadano de a pie, indefenso para reclamar en un futuro al Estado civilmente por daños que resulten de la mala gestión, la impericia y la falta de control de sus funcionarios", manifestaron en un comunicado que fue compartido en el perfil de Facebook de los Familiares y Amigos de Víctimas y Heridos de la Tragedia de Once.

"Los causantes de los desastres -dicen- son amparados mientras las víctimas quedan sin resguardo legal de ninguna clase." Para ellos, la decisión de los senadores "ha dejado a los futuros damnificados por la ineficiencia y corrupción de los funcionarios sin aval jurídico para reclamar lo que les corresponde por derecho propio contra el Estado".

La iniciativa del oficialismo generó objeciones de organismos de derechos humanos y cuestionamientos de las fuerzas políticas de la oposición que votaron en contra. Los fundamentos con los que se negaron fueron tres: que las demandas contra el Estado no recalarán más en la justicia civil, sino en los fueros administrativos; la eliminación de la sanción pecuniaria disuasiva contra el Estado que obligaba a los funcionarios a cumplir determinados fallos, y su artículo sexto que dispone que "el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos".

"Al leer ese artículo nos queda muy claro que la tragedia del 22 de febrero de 2012 es una de las razones fundamentales que justifican el avance", analizaron los familiares.

"Con este marco legal, el Estado corresponsable de una masacre similar quedaría exento de responsabilidad civil, dejando a los querellantes la única posibilidad de accionar civilmente contra los concesionarios del servicio viéndose limitado el ejercicio de defensa de sus derechos patrimoniales. Inentendible, inexcusable, inexplicable", sentenciaron.

Mientras avanza el proceso que juzga a los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y a otras 27 personas, se discutirá si serán beneficiados o no con la ley. Pero el guiño del Senado, ya lo tienen.