La apertura al diálogo y la búsqueda de consenso con la oposición parecen seguir sin figurar dentro de la agenda del Gobierno, pese a los cambios de nombres en el Gabinete. Y el Congreso es uno de los sitios donde más queda en evidencia. Ahora, el oficialismo desoye las críticas del arco político opositor y tiene decidido aprobar antes de fin de año, en sesiones extraordinarias, la polémica lista de diez conjueces candidatos a ocupar cargos en la Cámara de Casación Penal, en la que figuran –entre otros letrados con fuertes lazos con los K– un ex abogado del vicepresidente Amado Boudou, un ex apoderado del ministro de Planificación Julio de Vido y un asesor del Ministerio de Justicia.

Desde el jueves pasado, cuandodo los pliegos ingresaron al Senado, la oposición pronunció duros cuestionamientos. El radical Gerardo Morales adelantó que su bloque –al que presidirá a partir del 10 de diciembre– rechazará a los candidatos cuestionados. Y apuntó que el Gobierno confeccionó la lista “tomando abogados del padrón del FPV o La Cámpora”.

Pero no sólo desde el ámbito parlamentario surgieron críticas. Alejandro Fargosi, integrante del Consejo de la Magistratura, señaló que el Gobierno designó jueces “amigos” para “poner a todo el sistema legal y judicial a sus órdenes”.

Sin embargo, tanto rechazo sólo fue recibido por los K para terminar de delinear la estrategia: sin consenso para avanzar sobre tablas con los pliegos –necesita los dos tercios de los presentes– incluirá el tema en el llamado a sesiones extraordinarias, según confirmaron fuentes K. Entre los nombres más cuestionados figuran Martín Magram, quien defendió a Boudou en 2010 en una causa por tener un auto con papeles falsos; Eduardo Barcesat, abogado de Madres de Plaza de Mayo y asesor K en la reforma del Código Civil; Marcelo Buigo (representó a Julio de Vido) y Norberto Frontini, funcionario del Ministerio de Justicia.

El tribunal en el que podrán asumir estos conjueces es clave, ya que decide sobre causas que involucran a funcionarios. En mayo los K ya habían avanzado con una estrategia similar: en medio de las denuncias contra el empresario K Lázaro Báez, aprobaron una lista de 21 conjueces –varios de ellos finales en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia–, que revisa fallos de Santa Cruz, donde fueron radicadas las causas por lavado de dinero que rozan al Gobierno.