María Cafferata

El Gobierno buscará, junto a sus aliados en el PRO y el radicalismo, dictaminar este martes una reforma del régimen penal juvenil que baje la edad de punibilidad a los 14 años. Con esta iniciativa, fogoneada por el propio Javier Milei, La Libertad Avanza aspira a recuperar un poco de la centralidad política perdida a manos de la agenda opositora. Atrapado en el escándalo $LIBRA, el oficialismo apuesta a recuperar el control de la agenda apelando al discurso manodurista y securitario de su ministra Patricia Bullrich. 

El debate comenzó hace más de un año en la Cámara de Diputados, pero se aceleró luego de la muerte de Kim Gómez, la niña de siete años asesinada en La Plata por dos adolescentes (uno de ellos de 14 años) en ocasión de un robo. Pese a la resistencia expresada por varios organismos de derechos humanos y la Iglesia Católica, el gobierno de Javier Milei hizo suya la bandera de la baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años y trabaja para aprobar, a fines de mayo, un nuevo régimen penal de menores que reemplace la ley sancionada en los 80.

En total, hay presentados unos 15 proyectos. Y a excepción de una iniciativa presentada por Unión por la Patria, que firma la dirigenta cartonera Natalia Zaracho, todos los proyectos coinciden en un punto: la baja de la edad de punibilidad, ya sea a 13 o 14 años. Incluso el massista Ramiro Gutíerrez, en línea con la postura histórica del Frente Renovador frente a temas de Seguridad, propone reducirla a 14, lo que viene generando una fuerte división interna dentro Unión por la Patria.

La bullrichista Laura Rodríguez Machado es quien viene encabezando, desde agosto del año pasado, las negociaciones con los radicalismos, la Coalición Cívica y el pichettismo de Encuentro Federal para consensuar un único dictámen. No fue fácil. Se realizaron ocho reuniones informativas, con decenas de especialistas que opinaron a favor y en contra de la reforma propuesta por el Gobierno. Y todo en el marco de un plenario de comisiones inmenso, compuesto por las comisiones de Legislación Penal, Familia, Justicia y Presupuesto que engloba, en total, a más de 100 diputados. Una Cámara de Diputados en miniatura. 

Qué dice el dictamen de consenso

El borrador de dictamen, que Rodríguez Machado viene negociando con el resto de los aliados opositores, supone una reforma integral del Régimen Penal Juvenil. En primer lugar, propone la baja de la edad de punibilidad a los 14 años. Originalmente, el gobierno libertario quería bajarlo a 13 años, pero accedió a dejarlo en 14 en pos de conseguir las firmas para el dictamen. 

El objetivo es alinear el régimen penal al resto de los países de América Latina, que oscilan entre los 12 y 14 años como límite de edad mínima a partir de la cual una persona se considera responsable penalmente. Paraguay, Chile y Perú tienen como edad límite los 14 años. En Uruguay, Guatemala y Haití es de 13. Y en Brasil, México y Honduras, entre otros, es de 12 años.

El nuevo régimen de menores, entonces, funcionará para todos los adolescentes de 14 y 18 años. Estos podrán ser detenidos y privados de su libertad en institutos especializados o abiertos. Si bien se especifica que no podrán ser detenidos con presos comunes, el dictamen de consenso admite que puedan ser alojados en una “sección apartada” de un establecimiento penitenciario, lo que generó varios cuestionamientos de organismos de derechos humanos. 

Los impulsores de la iniciativa aclaran, sin embargo, que no todos los menores que cometan un delito irán presos. Proponen, en cambio, un conjunto de medidas y sanciones alternativas que reemplacen la prisión. Pero solo en los casos que los delitos imputados prevean penas de menos de 10 años. Algunos ejemplos: prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico, prohibición de ir a espectáculos musicales o deportivos, amonestaciones, prohibición de acercarse a la víctima o relacionarse con determinado grupo de personas. 

En el caso de que el delito suponga penas de más de 10 años, el adolescente podrá ir preso. En el dictamen no termina de quedar claro, sin embargo, cuál será el criterio específico para definir qué pena corresponderá. Se pretende que la pena varíe de acuerdo a la edad del imputado y la gravedad del delito —y si derivó, por ejemplo, en la muerte de la víctima—, pero los diputados no terminan de definir un parámetro definido y concreto. Una falencia que, al momento de dictaminar, podrá derivar en que algunos bloques presenten dictámenes de minoría o disidencias parciales.

Se prohíbe, sin embargo, la prisión perpetua para adolescentes. Y establece un límite para la pena máxima, que será de 15 años (el oficialismo, originalmente, quería poder darle hasta 20 años de prisión, pero el radicalismo se opuso). 

Críticas y objeciones

Desde un principio, los organismos de derechos humanos cuestionaron la decisión del Gobierno de bajar la edad de punibilidad. “La única consecuencia concreta que va a tener esta reforma es que vas a tener a más menores, a personas en pleno proceso de crecimiento, privados de su libertad. Porque las medidas alternativas, en el proyecto, son la excepción. Y el encierro en la Argentina no es bueno”, explica Macarena Fernández Hoffman, coordinadora del equipo de Política Criminal del CELS, a elDiarioAR. 

Según explica Fernández Hoffman, el porcentaje de menores que delinquen es menor al 0,2%. “La mayoría son delitos contra la propiedad, hurtos o tentativa de robo. En esa franja etaria no tenes muchos delitos graves”, grafica, cuestionando que el régimen penal propuesto sea casi idéntico al régimen para adultos. “Sostienen penas altísimas. Sostienen la prisión preventiva. Se conmuta de la misma manera los riesgos procesales. No hay una especificidad del régimen juvenil, que había que cambiar. Y de lo que tiene de especificidad repiten el paradigma tutelar, según el cual deja en la arbitrariedad del juez forzar una internación o separarlo de su familia”, desarrolla la especialista del CELS.

Fernández Hoffman cuestiona, además, que el régimen penal juvenil incluya todo tipo de delitos. Esta objeción ha sido planteada, a su vez, por UxP, que viene trabajando en su propuesta de dictamen. El peronismo, sin embargo, se encuentra en una encrucijada: el massismo quiere acompañar la baja de la edad de punibilidad, lo que implicaría que UxP se rompa en una votación delicada y socialmente relevante. 

Este martes a las 11, previo a que se reúna el plenario de comisiones, los diputados del peronismo se reunirán para intentar aunar una postura y presentar un dictamen en minoría unificado. Será una decisión fundamentalmente simbólica de cara a su electorado, ya que Rodríguez Machado contabiliza que tiene las firmas aseguradas para dictaminar e ir al recinto en unas semanas.