Manifestaciones “contra el golpe” y por la democracia, pero también contra el ajuste fiscal, movilizaron ayer a decenas de miles de brasileños en las capitales de 25 estados provinciales y en Brasilia. En el Largo de la Batata, una plazoleta en pleno corazón empresarial de San Pablo, más de 60 mil personas se movilizaron con consignas variadas, pero casi sin excepción incluían rechazos a la política económica conducida por el ministro Joaquim Levy. En Río de Janeiro, a su vez, fueron más de 40.000 los manifestantes que se dieron cita en la avenida Río Branco, en el centro carioca.

Planeadas por los movimientos sociales como “respuesta” a las protestas del domingo pasado organizadas por la oposición, lo que unificó ayer a los más diversos grupos convocantes fue una consigna “Fuera Cunha”, en alusión al jefe de la Cámara de Diputados, acusado formalmente el miércoles por corrupción y lavado de dinero. Pero también se escuchó un bramido, que actuó como consigna: “Uno, dos, tres, cinco mil. O Paran el ajuste o paramos Brasil”.

Uno de los coordinadores del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MTST), Guilherme Simoes, declaró en la capital carioca que las caminatas “son contra la cúpula conservadora, especialmente contra Eduardo Cunha (presidente de Diputados)”. Pero también “contra el ajuste fiscal que impone el ministro de Hacienda”.

Organizados por la Central Unica de Trabajadores, por el movimiento de los Sin Techo, por los Sin Tierra, la Central de Movimientos Populares y la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), el público que cubrió la calles mostró una enorme diferencia con aquel que asistió a la fiesta dominguera, tanto en la capital paulista como en el resto del país. El domingo, más de 600.000 personas, en al menos una docena de grandes ciudades del país, salieron a las calles convocados por la oposición para protestar contra la corrupción –en particular, el escándalo por coimas que sacude a Petrobras– y en reclamo de un juicio político o “impeachment” a la presidenta Dilma Rousseff. Ayer, la canciller Angela Merkel llegó a Brasil para una visita oficial de un día. Dilma se llevó de su charla con la visitante una promesa de más inversiones en el país.

Personas vestidas con las camisetas de sus organizaciones, estudiantes universitarios en columna detrás de la UNE, muchísimos campesinos y habitantes de las periferias, constituyeron ayer un desfile abigarrado pero combativo. Estos sectores mostraron que tienen poco que ver con la clase media movilizada el domingo a través de las redes sociales. Ellos sí llevaban banderas y carteles, que rezaban: “Nuestro futuro no cabe en sus ajustes. Menos prisión, más derechos”.

A pesar de que la idea fue la de condensar el apoyo a Rousseff, quienes estuvieron en la avenida Farías Lima de San Pablo no ocultaron el condicionamiento al respaldo. Una dirigente de la Marcha Mundial de las Mujeres, María Marcelino fue enfática: “Este acto es para mandar un mensaje, no sólo a Dilma sino también a las élites brasileñas. Estamos en contra del golpe, porque aceptamos la decisión del pueblo brasileño en su voto. Pero también estamos en contra del ajuste fiscal que precariza la situación popular”. Para dirigentes de los Sin Tierra, el plan para la salida de la crisis político–económica que atraviesa Brasil reside en “crear una agenda de la clase trabajadora y un frente de izquierda. Vamos a continuar defendiendo los derechos de nuestro pueblo y vamos a disputar las calles”. Simone Pereira, del MST, que ayer estuvo en las marchas paulistas fue todavía más precisa: “Dilma debe dar atención para quienes están del lado de ella”. Estas inquietudes fueron sintetizadas en una de las consignas de los 10.000 manifestantes que se dieron cita en Belo Horizonte: “Que los ricos paguen la cuenta”.

Mientras en todo Brasil las marchas clamaban contra el ajuste, en Brasilia discutían las consecuencias de la acusación contra Cunha que el miércoles presentó en la Corte el fiscal Rodrigo Janot. Para muchos, el parlamentario perdió “credibilidad” en sus operaciones para enjuiciar y destituir a Rousseff. Pero también entrevieron fuertes turbulencias en lo inmediato, que surgirían de una decisión del diputado de “incendiar” políticamente Brasilia. Nadie apuesta a que Cunha renunciará al puesto para el que fue elegido con una mayoría de sus colegas. Uno de los colaboradores más cercanos a Rousseff, el ministro de Defensa, Jaques Wagner, declaró: “Por ahora no existe condena. Es una denuncia, que es una de las fases del proceso. Le toca ahora al Supremo Tribunal Federal hacer el juicio”.