A ocho meses de la ocupación por parte de familias que se instalaron en terrenos de Pirayuí, las viviendas prosperan y dejaron de ser precarias para pasar a contar con distintos servicios como luz, agua potable y conexiones satelitales de televisión. En una recorrida que hizo época por el asentamiento, que en principio fue ocupado por más de 1.500 personas, hoy el número no superaría las 200 familias, que permanecen allí e incluso ya hicieron los traspasos escolares de los niños, tal como dijo a este diario Javier Romero, delegado del asentamiento.

Era la media mañana de ayer cuando en uno de los espacios un jubilado, quien prefirió la reserva de su identidad, labraba el terreno junto a su albañil. Contó que tiene 75 años y su mujer 74; paga un alquiler y “a esta altura de la vida” se pondrá a edificar su vivienda. “Una mujer nos vendió el terreno hace poco y nos pusimos a trabajar. Hasta ahora nadie vino (de la Justicia) para indagar sobre el tema”, comentó el hombre, quien desconocía la situación concreta de la zona, a este diario.

En el caso de la familia Fernández, ubicada detrás de la vivienda del hombre, permanecen en la zona desde el 9 de julio, junto a sus tres hijos. “Acá vivimos todos, pasamos 6 meses sin luz ni agua y por eso buscamos mejorar las condiciones para los chicos, además este es un terreno fiscal”, sostuvo el jefe de familia.

Romero indicó a este diario que hubo avances por parte de la Comisión de Tierras padre Carlos Mugica y las firmas afectadas con la usurpación de terrenos. “Ellos (las inmobiliarias) se comprometieron a donar los terrenos, pero con el consentimiento de que la Municipalidad urbanice la zona”, explicó el delegado de la toma, y dijo que tras ese principio de acuerdo manifiesto entre la entidad nacional y las firmas; todavía se está a la espera de que la Comuna se pronuncie al respecto.

Meses atrás el intendente, Carlos Espínola, había firmado un convenio de cooperación de la Comuna capitalina con el organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Sin embargo, desde el asentamiento hablan de una ausencia municipal y esperan que la situación se revierta, dado que las firmas amenazaron con un desalojo definitivo en caso de que no avance la urbanización. Este último aspecto no sólo favorecería a las cerca de 200 familias instaladas sino también a las inmobiliarias que poseen terrenos desocupados en la zona.

Por el tema, en el transcurso de esta jornada se esperan acciones por parte de los delegados, al cumplirse ocho meses de la toma del espacio.

Mientras tanto las viviendas prosperan; si bien aún existen ranchos, al parecer en situación de abandono, los vecinos dicen que hay una vigilancia diaria por parte de los propietarios de las parcelas delimitadas de manera rudimentaria. La causa se encuentra en el Juzgado en lo Correccional Nº1.