Los votos positivos para la instalación de cámaras de 65 cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad salieron solamente del oficialismo. En tanto se abstuvieron los ediles Diego Garciarena, Carlos Arroyo y Mario Lucchesi. En contra, votaron la UCR y el GEN.

Un mes después, el intendente Pulti resolvió adjudicar a Global View el servicio de instalación y mantenimiento de videocámaras de vigilancia en la vía pública.

La adjudicación fue resuelta en el marco de una controvertida licitación que tuvo varias marchas y contramarchas.

La oferta de la empresa de Mario Montoto fue la única propuesta que se consideró válida, aunque una Comisión evaluadora había desaconsejado la contratación por considerar que las videocámaras ofrecidas no reunían los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones.

Ante este dictamen, la compañía, relacionada al Grupo Hadad, pidió que la medida fuera reconsiderada. Tras aceptar los argumentos de Global View, la Comisión rectificó su decisión inicial y aconsejó la contratación, la cual fue avalada por el Intendente. Este no fue el único punto en torno al que hubo controversias.

Cuando transcurría el proceso licitatorio, el Jefe Comunal denunció una campaña de desprestigio a su gobierno por parte del canal de noticias C5N de Daniel Hadad. En conferencia de prensa, el Intendente aseguró que la actitud del canal estaba relacionada con la millonaria licitación para la instalación de cámaras de seguridad en esta ciudad.

Por otra parte, el gobierno de Pulti recibió advertencias de parte del Foro Municipal de Seguridad y concejales de la oposición quienes denunciaron sobreprecios en las cotizaciones de la empresa. Frente a este planteo, la gestión municipal le solicitó a la compañía que, antes de que se firme el contrato, certifique cuál es el precio que les cobra a otros municipios por el mismo servicio y que esa cifra sea ratificada por el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia.

La decisión de la Comuna de avanzar con la contratación del servicio de videocámaras se inició luego de que en 2009 la Nación aportara 13,8 millones de pesos para que, desde el mismo municipio, se pusieran en marcha algunas medidas tendientes a mejorar la seguridad ciudadana. Cabe recordar que los señalados fondos están siendo investigados por la Justicia por presuntos hechos de corrupción que involucran al gobierno de Pulti.

En este caso, la empresa debe proveer 65 videocámaras móviles junto al servicio de conexión y la instalación de los equipos de software y monitoreo. Además debe asegurar el servicio técnico y de mantenimiento por un período de 36 meses.

Al consultársele a la presidenta de la ONG Familiares Víctimas del Delito, Marcela Acámpora, sobre los motivos por los cuales aún no se instalaron los dispositivos de monitoreo, aseguró este jueves que “no hay ninguna novedad” al respecto y que la situación provoca “indignación”.

“No hemos tenido ninguna novedad ni respuesta pese a que desde hace ocho meses deberían estar las cámaras”, afirmó, a la vez que aclaró que, aunque la llegada de los dispositivos “sería apenas una partecita de las herramientas necesarias para combatir la inseguridad, es muy importante su implementación”.

En ese orden, admitió: “Nos sentimos indignados porque las cámaras nos sirven para prevención porque, al estar instaladas, pueden ayudar a la policía a que determinen a los responsables de los ilícitos pero además van a ser una herramienta de disuasión para los mismos delincuentes. En los últimos meses no hubo más que dichos pero nunca nada concreto”.