La jueza de Cámara porteña Inés Mónica Weinberg de Roca está a un paso de transformarse en la quinta integrante del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) bajo propuesta del jefe de Gobierno Mauricio Macri. Pero antes, deberá afrontar las impugnaciones que recibió por haber nombrado familiares en el poder judicial.

A partir de ahora, si la candidatura tiene éxito, el alcalde podrá librarse de las críticas que le cuestionan haberse demorado más de tres años para cubrir el puesto que dejó vacante el magistrado Julio Maier cuando renunció. Durante esos 1000 días, el máximo tribunal capitalino quedó con cuatro miembros y el alcalde porteño barajó varios candidatos para completarlo: primero intentó imponer, sin éxito, a la fiscal Daniela Bruna Ugolini, luego pensó en el fiscal general Germán Garavano, pero finalmente se inclinó por la integrante de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo porteña. La magistrada, con 64 años de edad, tiene entre sus referencias haber sido electa para integrar el Tribunal Penal Internacional para Ruanda por la Asamblea General de las Naciones Unidas para el período 2003-2008 y también para ocupar la Sala de Apelaciones del tribunal para la ex Yugoslavia. Además, cuenta con otro antecedente crucial: comparte gimnasio con el alcalde porteño en el coqueto Barrio Parque.

Con esos laureles, Macri terminó sus dudas jurídicas, signadas por una tensa interna al interior del PRO, y decidió poner en marcha el proceso que formaliza la designación de Weinberg ante la Legislatura Porteña. Su pliego, para sentarse en el tribunal, deberá ser aprobado por 40 de los 60 votos del viejo Concejo Deliberante, cuando el alcalde envíe sus antecedentes. Para hacerlo, Macri firmó a mediados de año el decreto 381/12 y creó un nuevo mecanismo de oposición de antecedentes dentro de la Subsecretaría de Justicia porteña, conducida por Javier Buján y bajo órdenes del ministro Guillermo Montenegro.