Diversos legisladores de la oposición y organizaciones no gubernamentales volvieron a impugna r ayer la candidatura del síndico general de la Nación, Daniel Reposo, a la Procuración General. Esta vez fue ante el Senado, para asegurarse de que sus planteos e inquietudes no queden fuera de las preguntas que se le harán en la audiencia pública convocada para el 5 de junio.

Entre otros realizaron presentaciones los diputados Laura Alonso (PRO), Graciela Ocaña (Udeso), Gustavo Ferrari (Frente Peronista) y, de manera conjunta, seis diputados nacionales de la Coalición Cívica-ARI (Elisa Carrió, Alfonso Prat Gay, Alicia Terada, Horacio Piemonte, Carlos Comi e Hilda Ré). Además, dejaron sus preguntas en el Senado la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

“Daniel Reposo no puede ser procurador. La evidencia es lapidaria. Sería silenciar de muerte a la Justicia y al sistema republicano. Es un insulto a la Constitución Nacional”, dijo Alonso, quien se quejó por irregularidades en el procedimiento llevado a cabo tanto en el Ministerio de Justicia como en el propio Senado.

La ADC y la ACIJ señalaron la “escasa experiencia laboral y docente específica” de Reposo, quien, reiteraron, no pasaría siquiera un concurso para ser fiscal de primera instancia. El procurador general es el jefe de todos los fiscales. Y la propuesta de Reposo se produjo en medio del caso Ciccone, del que fue corrido a un costado el fiscal Carlos Rívolo, quien había pedido y logrado el allanamiento de un departamento del vicepresidente Amado Boudou.

Ambas ONG destacaron que el candidato presidencial carece de “autonomía e independencia” a raíz de su “alineamiento público y expreso con la Presidenta de la Nación y su proyecto político”. Eso, para ADC y ACIJ “es un serio indicio de que Reposo no desempeñará el cargo con la independencia debida y exigida por la Constitución Nacional”.

Carrió y los legisladores del ARI recordaron que Reposo está “cercano al vicepresidente” y que éste provocó la renuncia del procurador saliente, Esteban Righi, al contraatacar por el allanamiento que se había hecho en la propiedad a su nombre.

Según Carrió, existe un “temor razonable de parcialidad que lleva a suponer que el candidato impugnado, una vez nombrado, favorezca de algún modo la situación procesal del vicepresidente de la Nación a la hora de instruir a los fiscales que pasarían a depender de él”.

Al igual que Alonso, Ocaña se quejó por las “deficiencias” del procedimiento público de consulta a la ciudadanía e instituciones. Por ejemplo, que no se recibieron impugnaciones por internet porque no funcionaba la página correspondiente del Ministerio de Justicia. La diputada detectó otro dato falso en el curriculum del actual síndico general (ver aparte).

La consulta a la ciudadanía arrojó un saldo preocupante, y no sólo porque haya habido 699 impugnaciones contra el candidato contra 259 adhesiones a nivel personal. Es que -salvo excepciones- no participaron instituciones de peso pese a la expresa invitación formulada por la cartera de Justicia. Ni tampoco respondieron -salvo ADC- las ONG impulsoras de este procedimiento instaurado para los nuevos jueces de la Corte hace nueve años, entre ellas el CELS.