Cada medicamento va a tener que mostrar en su envase un número de lote, un número de partida y un número de medicamento. Este último será único para cada unidad, ya que unidades del mismo lote y partida comparte las otras dos cifras.

La medida nació como necesidad para combatir el avance de la mafia de los medicamentos, en particular, de la comercialización de remedios robados y vencidos, un escándalo que reveló una investigación de PERFIL en agosto de 2009. Así, comenzaron a reactivarse causas judiciales en las que se investiga si las obras sociales se enriquecen elaborando expedientes de pacientes muertos o inexistentes, o de pacientes reales con tratamientos y medicamentos que nunca recibieron, y cobrando reintegros que les paga el Estado por esos servicios falsos.

El caso paradigmático fue el de La Bancaria, a cargo del juez Norberto Oyarbide. Su colega Claudio Bonadío, en tanto, investiga los mismos supuestos manejos en la obra social de Camioneros.

También para aplicar mayores exigencias a las obras sociales a la hora de elaborar los expedientes que presentan en la Administración de Programas Especiales (APE) para que el Estado les reintegre lo que pagaron por los medicamentos y tratamientos médicos.

El Gobierno busca así controlar el mercado y la compra-venta de medicamentos por parte de droguerías y obras sociales, y obligar a los actores a trasparentar al máximo el sistema.

Si el medicamento es importado, como sucede en varios casos, deberá ser registrado en el laboratorio casa matriz una vez que ingrese a su sistema y antes de salir del ámbito del laboratorio.

“Si los medicamentos son robados, el laboratorio, la droguería o farmacia deben denunciar qué lotes o partidas les fueron sustraídos y así se anula inmediatamente la partida. El medicamento robado o falso no podrá reingresar a la seguridad social, es decir, que no podrá ser comprado por las obras sociales porque el APE no les va a pagar los reintegros si los medicamentos no están registrados en el sistema de trazabilidad”, confiaron a este diario altas fuentes de la Superintendencia. Las obras sociales, entonces, necesitarán una certificación del Anmat para poder cobrar los medicamentos. “Los que no cumplen, quedan afuera del sistema. Si el medicamento no está registrado, cuando llegue el expediente del paciente al APE, la obra social no lo va a poder cobrar.”

El sistema de trazabilidad será aplicado en tres meses y será financiado por los grandes laboratorios, según se comprometieron esas empresas con la Superintendencia de Servicios de Salud, dependiente del Ministerio de Salud. La resolución podría toparse con obstáculos. Algunos laboratorios creen que encarecerá sus costos.