“El Tesoro considera que hay fuertes razones económicas para una reducción inmediata del gasto de 6.000 millones de libras (u$s 8.700 millones) por lo que no hay dudas de que esta acción es aconsejable”, dijo Osborne.

El funcionario precisó que el nuevo presupuesto se presentará oficialmente el 22 de junio, y afirmó que “al detener el despilfarro mejor ahora que más tarde, demostramos nuestro compromiso para reducir el déficit”.

Indicó también que no abordar el problema ahora ahora podría conducir a problemas del tipo de los que enfrenta actualmente Grecia.

“Grecia es un aviso de lo que ocurre cuando el gobierno carece de la voluntad de actuar de manera rápida y decisiva, y cuando los problemas se barren debajo de la alfombra”, declaró Osborne. “Si no atacamos el déficit que heredamos del anterior gobierno, las consecuencias pueden ser desastrosas”.

Escoltado por su secretario de Estado del Tesoro, el liberal demócrata David Laws, Osborne indicó que estos primeros recortes pueden llevarse a cabo sin que resulten afectados los principales servicios públicos, como la educación o la sanidad, informó la agencia AFP.

También anunció la creación de un nuevo organismo independiente de supervisión encargado de examinar cómo el gobierno afronta la reducción del déficit público, según Europa Press.

Esta nueva Oficina para la Responsabilidad Presupuestaria publicará sus previsiones fiscales al menos dos veces al año, y proporcionará recomendaciones respecto de la necesidad de endurecer o aliviar el ajuste fiscal para mantener más de un 50% de posibilidades de que el Tesoro británico cumpla los objetivos fijados por el ministro.

‘Hasta ahora se hacían los presupuestos y luego se ajustaban los pronósticos‘, dijo Osborne, ‘a partir de ahora se hará justo al revés‘.

El nuevo ministro se había comprometido a presentar un presupuesto de emergencia en los cincuenta días siguientes a la asunción de su cargo.

El déficit de Reino Unido se situó en casi 12% en 2009, y tanto los conservadores como sus socios liberal demócratas fijaron su reducción como una prioridad del nuevo Gobierno.