Si todo sale como el gobernador Alfredo Cornejo lo planeó, hoy el Senado puede convertir en Ley la autorización por 90 millones de dólares para construir una cárcel.

Se trata de una iniciativa a la que se llega tras fuertes debates e idas y vueltas, y que incluso requirió de una decisión de la Suprema Corte de Justicia para ser discutida en la Legislatura, donde la semana pasada logró la media sanción de Diputados.

Pero hasta ahora, para llegar a ese nuevo edificio, el oficialismo se ha valido de un proyecto de iniciativa privada, que fue presentado en 2014, durante la gestión anterior de Francisco Pérez, y que ha generado no pocas polémicas.

Y la controversia sigue, porque los profesionales de la Dirección de Proyectos y Licitaciones, del ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, reflotaron las críticas que le hicieron a esa iniciativa, que impulsó la empresa Obras Andinas (grupo Álvarez) que, por ese proyecto, correrá con ventaja en la futura licitación pública, si el proceso avanza.

El proyecto apunta a construir una penitenciaría que tendría capacidad para unos 900 reclusos, a un valor cercano a los $ 1.300 millones.

En realidad, el reclamo tiene base en el temor de que el Gobierno se incline a favor de generar proyectos privados. “Hay intenciones de privatizar la obra pública”, dicen desde Sitea, el sindicato que ampara a estos trabajadores.

“No hay política de privatizar obra pública”, aseguran en el ministerio de donde depende esta Dirección.

Específicamente los ingenieros y arquitectos marcaron errores en el proyecto que presentó Obras Andinas. 

“Nosotros le hicimos varias objeciones, en setiembre de 2014, en enero y en junio de 2015”, confirmó Adrián Flamant, uno de los ingenieros. 

“Ahora nos enteramos que se iba a licitar y hablamos con el subsecretario (de Infraestructura, Daniel Chicahuala) y con el director (Néstor Aguilera), y les explicamos que al proyecto le faltaban observaciones. El subsecretario tomó nota pero tres días después fue a defender el proyecto a la Legislatura”, añadió Flamant.

Chicahuala reconoció haber recibido las recomendaciones, las que “sí se tuvieron en cuenta”, aseguró. “Se entregaron a la empresa que hizo la oferta y los puntos que no hayan sido solucionados al momento del inicio de obra, deberán solucionarse”, añadió.

En realidad, el cuestionamiento de fondo es el riesgo de que el Gobierno priorice obras privadas sobre las públicas. Por eso Flamant recordó que en 2006 (gestión Julio Cobos), cuando desde esa Dirección se proyectó la cárcel de Almafuerte, “se previó una ampliación de 4 pabellones, lo que podría tenerse en cuenta ahora”. Eso “permitiría ampliar la capacidad hasta 3.600 presos”, opinó. 

De todos modos, en el Ejecutivo no dan indicios de haber definido qué pasará con el proyecto. “Luego de que se resuelva el tema de los fondos, habrá que hacer una revisión del proyecto”, dijo Chicahuala. “La cárcel que se construya será la que más le convenga a la Provincia”, añadió.

Y si bien la “propiedad intelectual” del proyecto actual pertenece a Obras Andinas, el subsecretario no dio certezas de su continuidad. “El definitivo puede no ser el proyecto original”, deslizó.

Un reclamo gremial que lleva a “privatizar” obras

Una crítica de la oposición al Gobierno de Alfredo Cornejo es que, en 6 meses, aún no ha generado proyectos propios de obra pública. El Ejecutivo ha hablado de “la herencia” y de que “este año no habrá grandes obras”, pero el tema le preocupa. 

Por eso, días atrás, llamó a concurso para que consultoras privadas (se presentaron 24 estudios) hagan estudios técnicos para remodelar los parques San Martín y Cívico. Eso generó la reacción de los profesionales de la Dirección de Proyectos y Licitaciones y la denuncia de Sitea de que esos proyectos también “se quieren privatizar”.

El Gobierno niega esa idea, aunque sí reconoce en este tema una situación de conflicto con los trabajadores. 

“La tarea se le ofreció a un grupo de empleados, con el pago de horas adicionales, porque el trabajo no sale con el tiempo habitual”, explicó el jefe de Gabinete ministerial, Marcelo Japaz. “Pero al parecer no les convenía porque pasaron 3 días de la propuesta y no respondieron”, añadió el funcionario, mano derecha del ministro Vaquié.

Los profesionales dicen que la oferta se hizo “sólo a un grupo”, pero en el marco de una discusión salarial.

“Nos pagan $8 mil, teniendo responsabilidad civil y penal durante 10 años por las obras que firmamos”, destacó un vocero de los trabajadores. “Nos hicieron la propuesta cuando estábamos en medio del reclamo. Encima, en el transcurso despidieron a un compañero”, añadió.

Japaz reconoció que a uno de los trabajadores “no se le renovó el contrato”, y que eso se basó en “una evaluación de desempeño” que hizo el director, Néstor Aguilera. 

Los trabajadores indicaron además que “desde gestiones anteriores” vienen reclamando que muchos proyectos fueron entregados “a dedo, sin concurso previo, a estudios privados”. Y citaron ejemplos como el Espacio Le Parc, el nuevo edificio de la ATM y la Villa Olímpica.

Japaz se despegó de eso, compartiendo la denuncia, achacada a Pérez. Pero insistió que “éste no es el caso” y que el llamado a concurso para que la tarea de los parques la haga un privado “no será una conducta sistematizada”.

En tanto, Chicahuala indicó: “Cuando los recursos públicos se niegan o los empleados no quieren trabajar, tengo que buscar la solución de compromiso. No puedo parar la obra pública”.