Un nuevo anuncio de la política marplatense para regularizar el funcionamiento de los Juzgados de Faltas en General Pueyrredón enciende expectativas tanto por resolver el déficit en la administración de la justicia municipal como en torno al proceso político que se abre entre los diversos sectores para acordar un proyecto.

Sin una mayoría propia, el Ejecutivo deberá conciliar con referentes de la oposición para llenar las dos vacantes que se arrastran desde 2018, como así también para la creación de un sexto juzgado y el nombramiento de su nuevo titular. Esa nueva unidad no solo ayudaría a resolver falencias operativas, sino que también le otorgaría al intendente Guillermo Montenegro mayor margen de maniobra para lograr acuerdos, incluso con sus aliados.

“Este año el intendente va a enviar las ternas para poder nombrar a los dos jueces que se han jubilado en 2018”, reveló el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, la semana pasada ante la Comisión de Hacienda en el marco del debate por el Presupuesto 2022. En paralelo, se retomará el proceso frustrado entre 2018 y 2019 para la creación de un sexto juzgado, una iniciativa de Carlos Arroyo que no avanzó no por desacuerdos con la cuestión de fondo sino por el aislamiento político del entonces intendente.

El Pro, expectante de echar mayores raíces en los espacios del poder marplatense, tiene la lógica convicción de que uno de los nuevos jueces debe llegar con su venia. Su principal socio, la Unión Cívica Radical, también muestra credenciales y así como viene creciendo su influencia en el organigrama municipal, también buscará lo propio en el plano de la administración de faltas.

Lo interesante será el plan de acción que se trazarán Montenegro y compañía para lograr los restantes votos que le permitan la aprobación en el Concejo Deliberante. El vigente Decreto/Ley 8.751 dispone en su artículo 21 que los Jueces de Faltas serán designados por el Intendente, previo acuerdo del HCD, que será prestado por simple mayoría de votos de los miembros que lo integran.

Con este cuadro, el escenario para el Ejecutivo se divide entre dos grandes alternativas. Por un lado, como viene sucediendo en otros expedientes de peso, contener a su principal y único aliado en el bando opositor, Acción Marplatense. El partido del exintendente Gustavo Pulti oscila entre posiciones “blandas” y “duras” con las propuestas de Montenegro, pero en momentos de definición se ha mostrado garante de la gobernabilidad. En lo más alto de la cúpula de Juntos Mar del Plata reconocen que el pultismo le reclamará una justa retribución por los servicios prestados por los dos decisivos votos que tiene el bloque.

La otra alternativa es la de un amplio consenso en una propuesta que incluso contenga al Frente de Todos. Era la variante por la que un sector oficialista pugnaba en el comienzo de la gestión a fines de 2019; pero cada vez parece tener menos margen por la radicalización de las posiciones en ambos lados de la grieta. En ese marco, el kirchnerismo tiene la carta de que, sin su anuencia, al proyecto le podrán alcanzar los votos pero faltar legitimidad. “La posibilidad de un séptimo juzgado no hay que descartarla”, deslizan desde el Palacio Municipal, dejando abierta una hendija que permita el mayor acuerdo institucional en los más de dos años de gestión de Montenegro.

“Todavía no tengo los candidatos, pero entiendo la problemática. El Concejo Deliberante  será parte importante de esta discusión, pero hoy, con los problemas urgentes e importantes que tenemos, no está dentro de las prioridades”, se sinceró el intendente ante La Tecla Mar del Plata a comienzos de 2020, cuando comenzaba a dar sus primeros pasos al frente de General Pueyrredon y los objetivos eran otros. La llegada de la pandemia, días después, terminó de complejizar el cuadro.

Ahora, el tema sí parece estar entre los grandes objetivos del 2022. Más allá de las alcances políticos en el control de los Juzgados de Faltas, lo cierto es que la agilización en la administración de la justicia local se torna crucial para que sea sustentable el que hoy es el principal proyecto del gobierno y que abre grandes polémicas: la implementación de un nuevo sistema de fotomultas con la colocación de 230 dispositivos de control, una treintena más de los que hay en CABA.

El intendente ya firmó un convenio con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) para  poner en marcha el sistema  que generará importantes recursos, el cual ahora debe ser convalidado por el Concejo Deliberante. Se prevé la realización masiva de fotomultas, las cuales deberán ser procesadas por los Juzgados de Faltas. Con solo tres jueces en actividad, hoy parece una quimera que ese sistema tenga éxito en su implementación.

“Los Juzgados están colapsados”, insiste el presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Fabián Portillo, desde donde hace cuatro años se pide celebridad en los nombramientos. Ahora, con la llegada de las fotomultas, finalmente parece comenzar a ser una realidad.

Cómo empezó la crisis en los Juzgados de Faltas

La situación de acefalía en los Juzgados de Faltas es de larga data. El conflicto se remonta a fines de 2017, cuando Ana María Castelao y Carmen Maffioni, titulares de los juzgados N°2 y  N°5, respectivamente, iniciaron sus trámites de jubilación, situación que se hizo efectiva entre enero y marzo del año siguiente.

En virtud del procedimiento de selección de jueces dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades, en ese entonces Carlos Arroyo elevó las dos ternas al HCD; pero esos expedientes nunca avanzaron. Rápidamente se supo de las intenciones del ex jefe comunal de poner allí al abogado Andrés Barbieri quien falleció en mayo pasado por coronavirus y fue titular de Defensa del Consumidor bajo el gobierno de Gustavo Pulti-, y al por entonces subsecretario de Legal y Técnica, el radical Gustavo Gil de Muro. Ambos encabezaban unas ternas con otros dos candidatos de relleno, según advirtieron los concejales. Pese a que el oficialismo contaba con la mayoría, las internas que comenzaban a crecer entre el arroyismo y el resto de los bloques paralizaron el tratamiento de los expedientes.

Algo similar ocurrió con la propuesta para generar un Juzgado N°6. Arroyo presentó el proyecto en julio de 2018, pero la falta de consensos en el HCD hizo que el proyecto no prospere. El ex jefe comunal buscó una última alternativa: ocupar los cargos vacantes en loz Juzgados N° 2 y 5 vía decreto. Sin embargo, un dictamen de la Asesoría Legal de Gobierno lo obligó a dar marcha.

 

Las partidas para la Justicia de Faltas

De acuerdo al organigrama municipal, la Justicia de Faltas funciona bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno que conduce el ex edil Santiago Bonifatti.

Para el ejercicio 2022, el Ejecutivo prevé partidas por $137.300.155,20. Esto representa un importante aumento del 82,97% respecto al Presupuesto del año pasado, cuando se previeron $75.035.828,53.

De los más de $137 millones mencionados, la mayor parte del presupuesto está destinado al personal: $129.379.125: el equivalente al 94,23% del total proyectado por el Gobierno Municipal.

 

Dificultades con las fotomultas

A la sobrecarga de tareas por los cargos vacantes, también se agregaron problemas operativos. Uno de ellos tuvo que ver con el anterior convenio de las fotomultas, vigente hasta agosto del 2021. Entre las causas de la rescisión del mismo, Montenegro apuntó a la falta de equipamiento para que se puedan labrar las multas.

 

Dedicación exclusiva a la seguridad vial

El secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, adelantó que uno de los tres juzgados que tendrán nuevos nombramientos se dedicará exclusivamente a la materia de seguridad vial. “Hemos tomado el compromiso con la Comisión Asesora de Seguridad Vial que uno de estos juzgados va a ser exclusivo para seguridad vial, Cuando tenemos juzgados que tienen competencia exclusiva hay mejores resultados”, explicó el funcionario.