El bloque de Diputados del Pro no tuvo la política inmigratoria como uno de los temas de su agenda parlamentaria de este año, donde formó parte activa del grupo opositor que le impuso varios proyectos al Gobierno.

Ni siquiera se ocupó del tema Gabriela Michetti, quien desde este año ocupa la presidencia de la Comisión del Mercosur, donde los países miembros, entre ellos Argentina, trabajaron para la legislación migratoria, tal como recordó hoy el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Fue justamente la máximo rival interno de Michetti, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien advirtió el jueves sobre deficiencias en esa legislación minutos después de que Mauricio Macri responsabilizara a una política inmigratoria permisiva los enfrentamientos en el parque indoamericano de Villa Soldati.

“La Argentina tiene una política inmigratoria descontrolada. La Ciudad no se puede hacer cargo de todos los problemas habitacionales”, afirmó Macri por Twist.

Por el mismo medio, Rodríguez Larreta fue más a fondo: “La ley de inmigración aprobada en 2003 es la única legislación del mundo donde no existe la figura de inmigrante ilegal”.

Pero ningún diputado de su bloque lo entendió así ya que, a la fecha, presentó algún proyecto para modificar esa legislación que ahora Macri considera una de las razones de la ocupación del parque indoamericano de Villa Soldati, que exige desalojar, aún después de tres muertos por los disturbios entre los ocupantes y vecinos de la zona.

La norma a la que hace referencia el funcionario es la ley 25.871, completada luego con varios decretos reglamentarios, que Fernández recordó hoy que fueron consensuados con los países del Mercosur.

Establece, entre otras cosas, que la dirección Nacional de Migraciones cancelará la residencia en caso de “presentación de documentación material o ideológicamente falsa o adulterada”; “cuando se hubiese presentado documentación material o ideológicamente falsa o adulterada”; “cuando el residente hubiese sido condenado judicialmente en la República por delito doloso”.

También fija una serie de causas para prohibir el ingreso de divisas. El último decreto sobre el tema fue el 616 de este año, que estableció una suspensión del trámite migratorio “cuando un extranjero estuviere tramitando su residencia y se encontrare imputado o procesado en causa penal”.

Aclara que “el antecedente o la condena que se registre en el exterior sólo serán computados cuando el hecho que los origina constituya delito para la ley argentina” y que las que se registren en el país “deberán ser acreditados por informe de la Dirección Nacional del registro nacional de reincidencia”.