Tal como se anuncia el senador Nicolás Fernández y el Intendente de Caleta Olivia Fernando Cotillo, junto a la Ministra Alicia Kirchner, impulsan para el 21 y 22 de marzo la realización de un encuentro sobre la libertad de expresión, evento que se realizará en la Casa del Bicentenario y el Centro Cultural Camino de Caleta y contará con la presencia de la periodista Rosario Lufrano.

“La libertad de expresión se eleva como la única herramienta que permite consolidar una fluida y permanente información a la ciudadanía, y para cumplir con esos objetivos no debe estar condicionada a intereses sectoriales ni de los grupos de poder”, dijo Nicolás Fernández, aunque Ud no lo crea.

El sitio Voces y Apuntes que retrata los dichos del legislador señala que Fernández explicó también que “la libertad de expresión ha sido una preocupación permanente de este Gobierno” y puntualizó, respecto a la sanción de la Ley de Radiodifusión: “En 2009, nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, impulsó un proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para reemplazar a la legislación entonces vigente. Esto se hizo para desconcentrar el mercado de la radiodifusión y facilitar la entrada de nuevos actores, que hasta esa fecha estaban imposibilitados porque los monopolios concentraban casi todo el poder y las decisiones”.

Pequeños olvidos

Indudablemente que la amnesia que padecen las autoridades políticas de zona norte, no ha sido reparada en todo este largo tiempo en que el krichnerismo es gobierno. Si quisiéramos remontarnos a varios años anteriores tendríamos innumerables ejemplos de cómo tanto el legislador oficialista como el intendente de Caleta se han esforzado por silenciar a la prensa o bien, han denigrado a quienes, precisamente en virtud de la libertad de expresión que pregonan, levantaban su voz para denunciar o criticar al Ejecutivo municipal o nacional.

Desde las implicaciones discriminatorias de Fernández hacia Carrió, pasando por la distribución inequitativa de la pauta oficial en Caleta Olivia, donde el Intendente tiene un presupuesto anual asignado de 4 millones de pesos para distribuir en pocos medios amigos, transitando por la negativa de Cotillo a acceder a entrevistas y reportajes por parte de medios como Radio 21, que sostienen un perfil crítico hacia el Ejecutivo municipal y provincial y terminando por el atentado, nunca esclarecido, a la colega Adela Gómez, quien en un primer momento reconoció ante esta Agencia y los micrófonos de Fm News que la deleznable acción venía ordenada desde el poder político local, nunca se tuvo conocimiento de que haya existido un verdadero espíritu integrador, democrático y participativo en lo comunicacional de parte del oficialismo, que hoy pretende dar clases de libertad de prensa y expresión.

Queda, simplemente, analizar la falacia disparada por el senador cuando hablando de la ley de Medios dijo “Esto se hizo para desconcentrar el mercado de la radiodifusión y facilitar la entrada de nuevos actores, que hasta esa fecha estaban imposibilitados porque los monopolios concentraban casi todo el poder y las decisiones”.

Como primera medida, una vez más el legislador no dice que todo esto fue pergeñado para materializar la pelea personal que tenían en ese momento Néstor Kirchner con Clarín y Magnetto de La Nación y cometiendo una vez más el error de concepto sobre lo que es un “monopolio”, que él conjuga en plural, hecho que invalida per sé la significación de la palabra, eleva de antemano el contenido de este encuentro, que sin ninguna duda, estará plagado de citas sobre la “teoría de los dos demonios”, si se me permite el juego de palabras en esta digresión, en este caso los demonios estarán representados por Clarín y La Nación (más de lo mismo).

Sin embargo, estoy casi seguro que el senador Nicolás Fernández no dirá absolutamente nada sobre los datos publicados por Perfil, en relación a la publicidad oficial y los medios de comunicación que favorece el gobierno nacional, por ejemplo el Gobierno en el 2010 aportó 107 millones de pesos – que incluyen avisos y Publicidad No Tradicional (PNT) – una cifra inferior a la gastada en 2009, cuando se repartieron 161 millones de pesos.

Los productos bendecidos por las arcas del Estado fueron los de Diego Gvirtz, mandamás de Pensado para la Televisión (PPT), que tiene en Canal 9 los ciclos insignia TVR y Duro de Domar, que sumaron 20 millones de pesos de la Anses. Hace unos meses, se conoció que 6.7.8, otro ciclo emblemático del productor pero en Canal 7, le había costado al Estado 11 millones de pesos.

Bajada de línea, subió la pauta. Pese a permanecer muy por debajo de los canales más vistos (Canal 13, por ejemplo, fue líder en 2010 y apenas alcanzó el 5 % en el reparto), la emisora que supo conducir el zar Alejandro Romay cuenta los domingos a la noche con la participación de Víctor Hugo Morales: en ese franja, el Estado invirtió 15 millones de pesos para cubrir 11.608 segundos de publicidad.

Tampoco dice (ni lo dirá en las jornadas), Nicolás Fernández que Juan Manuel Abal Medina llegó a la Secretaría Comunicación Pública con un presupuesto 2011 aprobado para gastar en publicidad y propaganda que es un 84% superior a la partida con la que arrancó el mismo crédito presupuestario en 2010. Una suba que tendrá pleno impacto en este año electoral.

Por supuesto que no dará a conocer que la pauta publicitaria oficial se incrementó un 1.300% entre 2003 y 2009 , según la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Esa ONG fue a la Justicia para que la Jefatura de Gabinete les brinde información sobre la distribución de la pauta en 2009. En noviembre pasado, la Cámara Federal ordenó que se le diera esa información a la ADC, pero ésta no pudo acceder a ella. Esto también es Libertad de Expresión.

¿Cómo es eso de “los monopolios”?

Según revela La Nación el Gobierno nacional dejó de suministrar datos oficiales sobre publicidad a mediados de 2009, brindando desde entonces sólo cifras parciales que dificultan un seguimiento preciso, pero deja en claro cuántos son los medios que ha creado el gobierno o impulsado a través de terceros, que responden abiertamente a la línea editorial del oficialismo.

Se indicó que en el caso de Szpolski la suma percibida podría ser mayor, ya que la cifra publicada por La Nación sólo incluye a cuatro de sus siete publicaciones. El diario Tiempo Argentino (14 mil ejemplares estimados de lunes a sábados) recibió $ 16.135.172 desde que salió en marzo pasado, en tanto que el diario Buenos Aires Económico (BAE), que vendería 2500 ejemplares, recibió otros 6,4 millones, antes de ser vendido por Szpolski al grupo Olmos, editor del diario Crónica. Siguiendo con los medios de Szpolski , la revista Veintitrés recibió un aporte de $ 4,3 millones y otros 800.000 pesos fueron a Veintitrés Internacional . La Nación puntualizó que la primera de esas publicaciones vendía, según el IVC, 28.751 ejemplares semanales en promedio en noviembre, en tanto no se pudo conocer la circulación de Veintitrés Internacional .

El informe no pudo acceder a información de otros medios de Szpolski, como los diarios El Argentino (gratuito) y Diagonales (de la ciudad de La Plata), del semanario dominical Miradas al Sur y de las revistas Newsweek Argentina , 7 Días y Asterisco . El empresario es titular además del canal de noticias CN23 y controla los contenidos de Radio América. Señalando fuentes “del negocio editorial”, La Nación estima que El Argentino recibió “por lo menos el doble” que su competidor, La Razón (Grupo Clarín), que el año pasado cobró publicidad oficial por 4,2 millones de pesos.

Por su parte, las publicaciones del ex banquero menemista Raúl Moneta (el semanario Infocampo y la revista El Federal) recibieron $ 3,4 millones, en tanto que en televisión el gran beneficiado fue Canal 9, con el 67,5% de los recursos invertidos por el Estado en ese segmento.

Si el Senador Nicolás Fernández, el Intendente Fernando Cotillo y la Dra Alicia Kirchner, pueden explicar todo esto, entonces, las jornadas sobre Libertad de Expresión que seguramente contendrá una extensa carta de recomendación para la ejercitación del “buen periodismo”, habrán tenido un valor real y concreto. (R. Lasagno/Agencia OPI Santa Cruz)