"¡Paremos la mano! Acá hay que ser claros: hay que repartir las obras, porque si no dos o tres grupos se chupan todos los trabajos. Y el resto la ve pasar." Graciela Duarte es consejera (representante electa) del barrio Ferroviario, de la villa 31 bis. Está sentada en una mesa en una oficina de la Secretaría de Hábitat e Inclusión del gobierno porteño, mientras el coordinador de Mejoras de las villas 31 y 31 bis, Gonzalo Mórtola, explica cuáles son los trabajos que este año hará la Ciudad en la 31. La mujer pretende, mientras golpea la mesa con el dedo índice, que los otros ocho consejeros atiendan su posición. "Calmate, Graciela, no grités. Si ustedes están pensando en la guita, olvídense. Les vamos a dar los adelantos de dinero por obras cumplidas. Y vamos a controlar quiénes están detrás de cada cooperativa. Y también los presupuestos. No vengan acá a hacer negocios", dice Mórtola.

Días atrás, la Ciudad presentó ante los flamantes nueve consejeros de las villas 31 y 31 bis el plan de mejoras 2015: prevén la construcción de 1,4 km de asfalto y cloacas, que incluyen dos conexiones a los desagües troncales de la ciudad, en la avenida Gendarmería Nacional. Y las negociaciones entre los consejeros por resolver a qué cooperativas les asignarán cada trabajo, valuado en 30 millones de pesos en total, son arduas y sostenidas. Así lo constató LA NACIÓN al participar del primer encuentro.

Por ley, todas las obras que la Ciudad realice en la villa 31 son ejecutadas por cooperativas conformadas por habitantes del barrio. Y los consejeros, designados por los delegados de cada manzana que son votados en elecciones internas, deciden quiénes harán las obras.

Pero algunos grupos dentro de la villa 31 concentran todo el poder. Y, según distintas fuentes, crean cooperativas de "fantasía" y detrás está el mismo dueño constructor. Son los más ricos de la villa.

Frente al oportunismo, la Ciudad tiene la potestad de intervenir, ya que es el garante de que se cumpla el contrato que firma con las cooperativas. Controles en los que a veces falla.

Semanas atrás, la Secretaría de Hábitat e Inclusión, que comanda Marina Klemensiewicz, denunció amenazas por parte de la cooperativa El Salvador, de la villa 31. El grupo de poder pretendía quedarse con todas las obras que planean hacer allí este año. En definitiva, con los 30 millones de pesos.

"Lamentablemente, no todo está vinculado con el bien común, muchas veces nos encontramos coaccionados por intereses personales y económicos de unos pocos que buscan generar un espacio de poder para ellos mismos. En algunos casos, están disfrazados de cooperativas que intentan imponer una determinada obra en búsqueda de un rédito económico. Y para esto utilizan un ardid ya conocido y que complica la vida a todos los vecinos: las usurpaciones y cortes de calles", dijo Mórtola.

El funcionario, que negoció la salida de los usurpadores de la villa Nylon, tras años de ocupar un predio lindero con la autopista Illia, aseguró: "Día tras día nos enfrentamos con estas dificultades; mucho más teniendo en cuenta la impunidad y la falta de compromiso que existe para repeler este tipo de acciones, ya que tampoco tenemos apoyo de la Nación".

Como un experimentado crupier, una de las nueve delegadas (hay ocho mujeres y dos hombres) también hace saber en la reunión que su barrio no resignará la posibilidad de designar a una cooperativa. "Por ejemplo, si hay 20 obras este año, nos repartimos dos cada una. Y listo", dice una delegada, que al final se marcha molesta de la sala. "Yo no firmo nada -insiste la mujer-. Y no me presionen más. Después piden que no cortemos la autopista", le dice a Santiago McCormick, gerente de obras de la villa 31. El último en apagar la luz.