A pesar de que los efectos de la crisis y la pandemia son regresivos y afectan más a quienes menos tienen, los pobres, los trabajadores y las pymes pagan muchos más impuestos que los sectores de mayores ingresos en nuestro país. Mientras que el coronavirus y la cuarentena afectan de manera crítica la salud y la economía de los sectores más postergados de nuestra sociedad, el impacto de la pandemia del Covid-19 hizo más evidente la necesidad del Estado para contar con fondos con el objetivo de hacer frente a los gastos derivados de la contención.

En rigor, numerosos países en el mundo parecen pensar en un impuesto extraordinario a la riqueza como una de las formas de hacerlo. Argentina no está sola: en el mundo existen propuestas en marcha en España, Italia, Suiza, Rusia, Brasil, Perú, Chile y Ecuador, ente otros países. Hasta el FMI publicó un informe elaborado por el Departamento de Asuntos Fiscales donde sugiere aumentar las tasas más altas del impuesto a las ganancias, bienes personales o de la riqueza.

Si bien se hace necesario que sean los sectores de mayores ingresos los que generen un mayor aporte, también será indispensable que el Gobierno y el Congreso emprendan una reforma tributaria para terminar con una injusticia social alarmante. ¿Cuál? Que los pobres, los trabajadores, los sectores medios y bajos y las pymes pagan, en términos relativos, muchos más impuestos que los sectores más ricos y concentrados en nuestro país.

El sistema tributario debe estructurarse de forma que aquellos de mayor capacidad económica tengan una participación más alta en la recaudación tributaria del Estado. Se entiende por esto el principio de progresividad.

Dos cosas hay que mencionar con respecto a los impuestos sobre rentas y patrimonios. Por un lado, es sabido que los que tienen más recursos tienen, a su vez, más herramientas para eludir el pago de los tributos. Un informe de AFIP señala que hay 32.484 personas con fortunas declaradas que superan el millón de dólares, mientras que la consultora Capgemini corrige ese dato y dice que son 114.000 argentinos los que en realidad tienen patrimonios superiores al millón de dólares, sólo que la mayor parte no lo declara.

El segundo punto es más relevante de la realidad argentina: la mayor parte de la recaudación se nutre de impuestos regresivos, que gravan con la misma alícuota a contribuyentes de alta y baja capacidad económica, es decir que en términos relativos, pagan más los que menos tienen. A diferencia de lo que ocurre en el resto del planeta, en nuestro país la mayor parte de los impuestos recaen sobre los consumidores (IVA, internos, combustibles). Según el IARAF, del total de impuestos recaudados el IVA representa un 39% mientras que Ganancias suma 28% del total (aunque el 60% de Ganancias son de trabajadores y el 40% de empresas). Si se suman Ingresos Brutos provinciales, aportes y contribuciones a la Seguridad Social se llega a un 70% del total. Lo ridículo es que bienes personales representa apenas el 0,8%. Es decir que los impuestos directos, fundamentales en Europa y EE.UU., en Argentina sólo cuentan en forma marginal.

Hasta el Banco Mundial, en un estudio comparativo sobre la estructura tributaria de diferentes países, evidencia que en Argentina los impuestos sobre rentas y patrimonios, los denominados directos, representan apenas el 12,9 por ciento del total y que ese porcentaje es apenas la mitad que el promedio de América Latina y el Caribe.

Si el sistema tributario es la principal herramienta para reducir la desigualdad social y la pobreza, hay algo que hace décadas que no anda bien en nuestro país. Más allá del impuesto a la riqueza o aporte extraordinario, es más relevante aún que existan iniciativas que busquen reformar el vergonzoso sistema tributario local, máxime cuando cada vez son más necesarias medidas de sostén de ingresos a las familias y de subsidios a las empresas. El Gobierno debería convocar a un pacto social y productivo en este momento y debería integrar también en esa mesa no sólo a empresarios y sindicatos, sino también a especialistas tributarios y hacedores de políticas fiscales que pongan algo de justicia donde por ahora sólo hay opacidad y abandono.