BARILOCHE (AB).- El Municipio local estaría a punto de acordar con la Nación un mecanismo financiero para saldar la deuda de 87 millones de pesos que dejó la intendenta María Eugenia Martini por el desvío de fondos que debían ser aplicados a la obra pública.

Así lo reveló el diputado nacional de Cambiemos, Sergio Wisky, quien participa en forma directa de las gestiones y contactos entre el Municipio y el Ministerio del Interior. Por ese desvío de partidas el intendente Gustavo Gennuso denunció a su antecesora ante el Tribunal de Contralor y le pidió que lleve el tema a la Justicia.

Martini empleó esos recursos durante los últimos meses del año pasado para pagar sueldos y otros gastos corrientes, ya que la recaudación del Municipio resultaba insuficiente. Entre las obras afectadas había planes de vivienda, la ampliación del gasoducto Cordillerano, el Teatro independiente y la compra de camiones.

Wisky dijo que el desvío de fondos "no es un problema sólo de Bariloche, sino que hay varios municipios rionegrinos en la misma situación", entre los que mencionó a Sierra Grande y Fernández Oro. Obviamente en estos últimos casos los montos en juego son muy inferiores.

La preocupación tiene que ver con el posible corte de los programas de obras públicas para los municipios incumplidores. "Ninguno tiene capacidad de devolución en el corto plazo –admitió el diputado–. Por eso el objetivo es encontrar una fórmula que permita mantener el flujo de fondos, porque las obras se tienen que hacer".

Si bien dijo que todavía las partes están en plena negociación, señaló que un perdón o exención estaría descartado y la posibilidad más firme es la de acordar una "devolución a largo plazo", con fecha límite en 2019, cuando termina el gobierno del presidente Mauricio Macri y de los actuales intendentes.

Wisky aclaró que la solución podría no ser la misma para todos los municipios en falta, ya que en Interior aclararon que tendrán en cuenta "los perfiles" de cada uno.

El secretario de Hacienda municipal, Ariel Gomis, le había dicho días atrás a este diario que no consideraban a los 87 millones estrictamente como una deuda y que si el Municipio tuviera que abonar esa suma quedaría "paralizado". La masa salarial de Bariloche, por ejemplo, alcanza hoy los 36 millones de pesos mensuales.

Según Wisky, todavía "no está del todo claro" el camino a seguir, pero la idea es acordar "un plan de devolución", en el que la provincia no permanecería ajena.

Aunque no disculpó a Martini, en su opinión "Bariloche arrastra un mal desde hace años" en relación con sus finanzas y "la falta de respaldo de la provincia expuso al Municipio a utilizar esos fondos".

Señaló que el incumplimiento generó una situación que tiene aristas económicas, "pero también administrativas y legales" y que la finalidad es que a Bariloche no dejen de "bajarle" obras, como las que necesita para su sistema de saneamiento, para la terminación del gasoducto y para resolver la demanda habitacional.