En el Gobierno Nacional está bajo análisis la posibilidad de hacer una denuncia por dumping por el caso del vino importado de Chile. Se trata de una práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su valor en el mercado. El adelanto lo hizo ayer el secretario de Agregado de Valor de la Nación, Néstor Roulet, quien estuvo en San Juan participando en el acto de apertura del Cuarto Encuentro Argentino del Tomate (ver aparte).

“Estamos viendo si se trata de un caso de dumping y si es así el Gobierno Nacional se va a involucrar”, dijo ayer el funcionario. Fue minutos después de que el gobernador Sergio Uñac dijera en su discurso que “importar vino sólo para bajar el precio no nos parece una medida acertada”.

Un planteo por dumping se tramita ante la Organización Mundial de Comercio y se puede llegar a sancionar a un país con medidas para frenar las maniobras que hubieran dado origen al conflicto.

La importación de vino por parte de algunas de las grandes bodegas de la región comenzó en octubre del año pasado motivada, según denunciaron sectores viñateros en aquel momento, como parte de una estrategia para hacer bajar los precios de los vinos y de la uva, porque fue previo a la vendimia.

Según los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, a la región ingresaron en total unos 55 millones de litros de vino traídos a granel desde Chile, pero eso fue hasta abril, porque después el movimiento cesó.

En el sector viñatero local consideran que, aun en el caso de prosperar un planteo de dumping ante la sospecha de que bodegas chilenas hayan vendido caldos con un valor por debajo del que tenían en el mercado trasandino, sería una medida tomada a destiempo. Para empezar, porque sostienen que a partir del 1 de junio fueron liberados los vinos nuevos y las bodegas ya no necesitan comprar, si es que en algún momento les faltaba stock. Por otro lado, en Chile tampoco tuvieron una buena cosecha por causas de factores climáticos y sería muy difícil que tengan volúmenes suficientes para exportar.

La otra cuestión es que ya hubo un intento para que la Nación interviniera en el tema, pero no prosperó. Fue en diciembre del año pasado, cuando referentes del sector vitivinícola de San Juan y de Mendoza y el ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano, le plantearon el caso al secretario de Comercio de la Nación, Miguel Braun, pero el funcionario respondió que no iba a intervenir porque la apertura comercial era política de Estado.