El municipio afrontará este año y hasta mediados de 2025 el pago de $ 516 millones para regularizar deudas con la Coordinadora Ecológica Area Metropolitana Sociedad de Estado (Ceamse) y el Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires.

A la empresa que operó el predio de disposición final de residuos hasta mediados de 2021 le abonará un total de $ 216,4 millones entre este mes y enero de 2024, mientras que el organismo bonaerense percibirá un total de $ 299,7 millones que se terminarán de saldar en junio de 2025.

Así se desprende de dos proyectos de ordenanza elevados por el gobierno municipal con la firma del intendente Guillermo Montenegro y el presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), Sebastián D’Andrea.

En ambos casos, las deudas suman capitales e intereses y se irán saldando en forma mensual. En el caso de Ceamse, este año se abonarán $ 166,6 millones de capital y $ 33,1 millones de intereses, mientras que en enero de 2024 el municipio otorgará $ 16,2 millones de capital y $ 406 mil de intereses.

En julio del año pasado, en una exposición en la Comisión de Ambiente del Concejo Deliberante, el presidente del Emsur fue muy crítico con la forma en que la empresa se retiró del predio. Es que en 2021 las partes ni siquiera se ponían de acuerdo en cuándo eso debía ocurrir. Ceamse se quería ir en junio y el Emsur le dijo que el plazo terminaba en agosto. Finalmente establecieron una fecha intermedia, el 15 de julio. A partir de allí el ente contrató de emergencia a tres empresas para para continuar la prestación del servicio.

El esquema de regularización de deuda fue presentado en el Concejo Deliberante al mismo tiempo que el municipio lidia con el frente judicial por la nueva licitación para la operatoria y el mantenimiento del relleno sanitario.

El 12 de diciembre, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a una medida cautelar solicitada por la empresa Estrans por la que suspendió provisionalmente un artículo del pliego de bases y condiciones (el que preveía la posibilidad de aceptar empresas con experiencia en materia de recolección, barrido y servicios especiales de residuos) y dispuso que se retrotraiga el proceso administrativo hasta antes de la convocatoria a licitación.

El municipio entendió que la medida limita la participación y apeló. En ese contexto, no se llevó a cabo la apertura de sobres, prevista para el 27 de diciembre, y el concejal Alejandro Carrancio (Crear) presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo comunique cuál es el estado del llamado a licitación.

Por su parte, a la deuda con el IPS por aportes patronales el municipio la arrastra de administraciones anteriores. El año pasado, el gobierno de Guillermo Montenegro acordó con el organismo un plan de 36 cuotas mensuales por la deuda original de $ 711 millones contraída entre 2014 y 2018.

Lo que resta se pagará entre este año y 2015. En 2023 corresponde abonar $ 119,9 millones, en 2024 la misma suma y en 2025, $ 59,9 millones.