La Municipalidad no tiene intenciones en lo inmediato de terminar el contrato que la vincula a la compañía Telefónica de Argentina para contratar al otro prestador telefónico de la ciudad, la Cooperativa Popular de Electricidad. Ello pese a que las partes se enfrentaron en un juicio que terminó mal para la comuna santarroseña, que ahora deberá pagarle a la multinacional más de 7 millones de pesos.
"Recién terminamos de cambiar las líneas internas y computarizamos todo el sistema. Lo del teléfono es el problema 98 que tenemos en agenda, y recién estamos resolviendo el número 50", agregó el jefe comunal, dando a entender el cúmulo de problemas con los que se encontró en septiembre de 2008, cuando asumió el Departamento Ejecutivo.
Por su parte, el secretario de Hacienda, Luis Evangelista, dijo que la relación contractual del municipio con Telefónica se remonta a la época en que el servicio estaba en manos de Entel. Cuando se privatizó, dividiéndose el país en dos partes, La Pampa quedó bajo la órbita de la empresa española.
"Es uno de los temas pendientes y esperamos llamar a licitación en lo que resta de nuestro mandado, o en el próximo. Queremos que se presente la CPE y todas las empresas que quieran hacerlo para adjudicarle el servicio a quien tenga el menor costo y dé el mejor servicio".
Evangelista dijo que "ninguno de los funcionarios municipales tenemos teléfono celular, para eso también debe llamarse a licitación". El secretario puso como ejemplo la licitación que oportunamente se hizo en materia postal, que quedó en manos del Correo cuando estaba en manos de Franco Macri. "Luego se estatizó y seguimos la relación con la entidad en manos del Estado nacional".
El tema del juicio entre Telefónica de Argentina y la Municipalidad de Santa Rosa por el uso del espacio aéreo se reactualizó en estos días y disparó el planteo de marras. La demanda fue iniciada por Telefónica cuando durante la gestión del ahora gobernador Oscar Mario Jorge, la comuna cobró a la empresa española el uso del espacio aéreo para el tendido de sus cables. La firma pagó bajo protesto porque sostuvo que las leyes privatizadoras del menemismo la habían eximido de ese canon. La demanda terminó hace un par de años antes de recorrer todo el andarivel judicial. Ahora la comuna debe devolver con intereses lo que cobró en aquellos años, una suma superior a los 7 millones de pesos.



Comentá la nota