Multitudinaria marcha en Madrid contra la privatización de la salud

Multitudinaria marcha en Madrid contra la privatización de la salud
Más de 70 mil profesionales del sector protestaron por los recortes y por el futuro cobro de los servicios en los centros públicos de atención. El gobierno insiste en poner la gestión de seis hospitales en manos de empresas.

Miles de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud marcharon ayer por las calles de Madrid para protestar contra los recortes en el sector y la privatización de parte de los centros de salud públicos. Según los organizadores, cerca de 70 mil personas participaron de la movilización. Se trata de la quinta marcha en lo que va del año, motivada por la intención del gobierno madrileño –a cargo de Ignacio González, del conservador Partido Popular (PP)– de privatizar la gestión de seis hospitales y 27 centros de atención primaria de la región. La última de las manifestaciones, celebrada el pasado 17 de marzo, había convocado a unas 3000 personas.

Entre la "marea blanca" –por el atuendo de los manifestantes, vestidos con delantales de ese color– se oyeron diversas consignas. "No al sector privado", "La sanidad no se vende, se defiende" y "Rajoy dimisión", fueron los gritos más escuchados. Al pasar por la sede del Ministerio de Sanidad, en el Paseo del Prado, también se oyó el cántico "ahí está, ahí está la cueva de Alí Babá".

Trabajadores de diferentes hospitales madrileños se agruparon en cinco columnas y confluyeron en la Plaza de Cibeles, para dirigirse finalmente hacia la céntrica plaza de Puerta del Sol. "Debemos mantener la presión, no podemos permitir que el gobierno realice sus proyectos que no garantizan más un servicio eficaz", afirmó Abel Álvarez, técnico de un hospital de la ciudad, que formó parte de la "marea blanca".

El jueves pasado, el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, hizo público el proyecto de privatización de parte del sistema de Salud regional. En ese momento, el funcionario justificó el plan argumentando que la gestión empresarial de seis hospitales madrileños generaría una reducción de costos para el erario público. Los centros afectados son el Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), el Infanta Cristina (Parla), el Hospital del Sureste (Arganda), el Hospital del Henares (Coslada) y el Hospital del Tajo (Aranjuez).

La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, organizadora de la marcha junto a la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud, sostuvo que los argumentos de Fernández-Lasquetty son "falsos, tramposos y mentirosos" e indicó que la reducción de costos se basa en una "falacia" para "montar toda una teoría del ahorro". Los líderes sindicales mostraron su disposición a una "negociación seria" que busque una "sostenibilidad real" de la sanidad pública sin un "cambio de modelo absoluto" como el que propone el gobierno madrileño.

Lasquetty rechazó las acusaciones de los manifestantes y sostuvo que la protesta forma parte de un plan para perjudicar al presidente de la Comunidad de Madrid. "No veo motivo para la protesta salvo que sea una claramente político-sindical, por el puro motivo de una estrategia de partidos de oposición y sindicatos para desestabilizar al gobierno de Ignacio González", señaló el consejero de Sanidad.

Efe y Ansa

a un año de los primeros recortes

La "marea blanca" contra la privatización del sistema sanitario madrileño coincidió con el primer aniversario de los recortes implementados por el gobierno de Mariano Rajoy en el área de Salud a nivel nacional. Hace un año, la titular del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, dispuso el "tijeretazo" de 7000 millones de euros en el Sistema Nacional de Salud. Según denunciaron las diferentes asociaciones que participaron de la marcha de ayer, las reformas en el área provocaron la paulatina –pero demoledora– destrucción de las prestaciones sanitarias públicas. El ajuste provocó, entre otras cosas, recortes en investigación, prevención de sida y trasplantes. También generó la reducción del número de camas y trabajadores en hospitales, aumento de las listas de espera y derivación de pacientes a centros privados.

Además, la reforma sanitaria puso en peligro a un colectivo de 4000 trabajadores –entre médicos y enfermeros–, que pueden perder sus derechos como funcionarios estatales, en la mayoría de los casos adquiridos desde hace más de 30 años.

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