La mudanza del Gobierno porteño costará cerca de mil millones de pesos

La mudanza del Gobierno porteño costará cerca de mil millones de pesos

El Ejecutivo quiere instalarse en la imponente sede del Banco Ciudad en Parque Patricios y en la ex fábrica Canale. Antes debe comprar el flamante edificio y alquilar –y adecuar– el palacio de las galletitas. Mudanza con olor a despilfarro.

El traslado de la Jefatura de Gobierno porteña a los barrios del sur antes de fin de año está con­firmado. Sólo faltan detalles para que la idea de Mauricio Macri se concrete y su despacho se mude al flamante edificio del Banco Ciu­dad de Parque Patricios, en la ca­lle Los Patos al 3100. La operación incluirá la compra del edificio di­señado por el británico Norman Foster, donde estarán la Jefatura y otras seis dependencias, y el al­quiler de la ex fábrica Canale, en Martín García al 300, en la orilla sur del Parque Lezama.

Semejante movimiento tiene va­rios motivos. Uno es la intención del macrismo de potenciar esa zona de la ciudad, favoreciendo con gene­rosas exenciones impositivas tanto la instalación de empresas naciona­les e internacionales como empren­dimientos inmobiliarios para ciuda­danos de alto poder adquisitivo. El segundo motivo, dicen los funcio­narios off the record, es el costo de tener oficinas en el centro: los gas­tos de alquiler, expensas y cocheras de la administración porteña supe­rarían, según cifras oficiales, los 80 millones de pesos anuales.

El anhelo del jefe de Gobierno podrá concretarse gracias a la ges­tión de Rogelio Frigerio (n) al frente del Banco Ciudad. Adiferencia de su antecesor, Federico Sturzeneg­ger, Frigerio considera que no es conveniente que el banco se ale­je de la City porteña. El argumen­to: la reducción de personal por la denominada Ley Conti –que retiró los fondos judiciales del Banco Ciu­dad– y la reestructuración de algu­nas áreas que se unificaron en la casa matriz. Cuando llevó el plan­teo al directorio, al comienzo de su mandato, éste lo facultó para buscar alternativas para el edificio, que estaba a punto de ser termina­do. Fue entonces cuando Frigerio le acercó a Macri la posibilidad.

El Gobierno porteño, para efec­tivizar la mudanza, deberá comprar el espectacular edificio del banco, ya que se trata de un activo de la entidad y, por ley, no puede ser ce­dido a la Ciudad (construirlo costó unos 250 millones de pesos). Como una de las partes es una entidad bancaria, la operación debe ser aprobada por el Banco Central.

Para costear la compra, una de las opciones que se barajan es uti­lizar el dinero que se obtenga de la venta del ex Mercado del Plata, el de las gigantografías sobre la ave­nida 9 de Julio. Esa venta fue apro­bada por la Legislatura a fines de 2012 con el fin, precisamente, de financiar la mudanza. Por enton­ces se pretendía construir un Cen­tro Cívico en los terrenos del hos­pital Borda, en Barracas.

Según una fuente del Ejecuti­vo porteño, la operación será una suerte de “enroque” entre un edi­ficio y otro. Aunque aún no se co­nocen los valores, trascendió que son similares y bordean los 400 millones de pesos. Eventualmente se abonará la diferencia, tal vez en bonos, para uno u otro lado.

En el banco ven esta posibilidad con buenos ojos, pero con una con­dición excluyente: que la permu­ta sea buen negocio. “Esta opera­ción, además de una solución para la Ciudad, debe ser un excelen­te negocio para el banco. Con esa premisa se evaluará la opción más conveniente”, indicaron fuentes del Banco Ciudad aDiario Z.

En el edificio que da al Parque Patricios estarán, en principio, las oficinas de la Jefatura de Gobierno, de la vicejefa María Eugenia Vidal, la jefatura de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta y el ministerio de Gobierno de Emilio Monzó. Tam­bién mudarán la oficina del secre­tario general del Gobierno, Marcos Peña (uno de los más cercanos a Macri), la del secretario legal y téc­nico, Pablo Clusellas, y toda el área de prensa, comandada por Miguel de Godoy. El criterio para determi­nar qué dependencias estarán jun­to a la Jefatura de Gobierno es bas­tante simple: la idea es copiar más o menos lo que actualmente fun­ciona en Bolívar 1.

“Todas las áreas operativas que tienen que ver con el día a día tie­nen que estar ahí. Es un tema ope­rativo”, explicaron fuentes de la Je­fatura de Gabinete a Diario Z.

Para los vecinos de Parque Patricios, la llega­da de la administración gubernamental significa­rá un cambio radical en el barrio, que tendrá venta­jas y desventajas. Consulta­dos por Diario Z, la mayoría considera que será positivo porque obligará, por ejem­plo, a hacer obras de infraes­tructura (en especial en lo re­ferido a transporte). Sin embargo, temen que la revalorización de la tierra tenga un impacto en sus bol­sillos y complique (aún más) el ac­ceso a la vivienda propia. Otros, por su parte, lamentan que el ba­rrio –de casas bajas, arbolado y es­caso ruido– abandone su tranqui­lidad para volverse un lugar más “movido”.

El comunero Maximiliano Nenna, del Frente para la Victo­ria, sostuvo en diálogo con Dia­rio Z que el traslado de la Jefatu­ra al edificio diseñado por Foster “genera nuevas actividades con fuerte impacto barrial” en la Comuna 4, pero advirtió que “profundiza las desigualdades instaladas” en los barrios que la integran (ver aparte).

Alquiler con garantía

Esta semana se confirmó que los ministerios que no vayan a Parque Patricios se trasladarán a las oficinas de la ex fábrica Canale, en el lí­mite entre La Boca y Barra­cas, porque ninguno de los edificios que posee la Ciu­dad en la zona se adap­ta a lo requerido. “No existen en la actualidad inmuebles disponibles pertenecientes al patri­monio de la Ciu­dad que posean las características edilicias y geográficas necesarias para los fines solicitados”, seña­ló la Dirección General Adminis­tración de Bienes del Ministerio de Desarrollo Económico en la nota Nº 6368240-DGAB/14 que remi­tió a la Jefatura de Gabinete.

Si bien en principio se pensó en expropiar el edificio de Martín García al 300, frente al Parque Le­zama, el gobierno finalmente optó por alquilarlo por casi 200 millones de pesos. “Al no existir inmuebles disponibles que cumplan con las necesidades operativas de las dis­tintas unidades de organización y que permitan alojar a la dotación que componen las mismas, se pro­picia la locación administrativa en cuestión”, indica uno de los consi­derandos de la resolución N° 671/ MJGGC/14, firmada por Rodríguez Larreta, con fecha del 1 de agosto de este año y publicada en el Bole­tín Oficial diez días después.

El contrato, firmado por el jefe de Gabinete, es por $197.870.324 y se concretó con la firma AB Con­sultora SA, que usufructúa el in­mueble de la ex fábrica Canale (hoy propiedad de Swap Shop SA, una empresa radicada en Salta).

AB Consultora y Swap Shop, sin embargo, están lo bastante li­gadas como para compartir las mismas autoridades, Bernardo Ángel y Gustavo Adolfo Fernán­dez, un dúo de desarrolladores inmobiliarios involucrados en va­rios de los negocios surgidos de la llamada “puesta en valor” de la zona sur. Sin ir más lejos, la apo­derada que firma el contrato con el Gobierno de la Ciudad, la arqui­tecta Emilce Argüello, fue quien gerenció el edificio Central Park, también en Barracas.

La contratación durará hasta el 31 de julio de 2017 y se encuadra en la excepción a la licitación públi­ca que contempla el artículo 28 de la Ley de Compras y Contrataciones (Nº 2.095). Esto porque “el inmue­ble reúne todas las condiciones ne­cesarias para el funcionamiento de oficinas administrativas de distintos ministerios del Gobierno de la Ciu­dad Autónoma de Buenos Aires”, según indica la resolución firmada por Larreta. “El inmueble conside­rado es el que más se adecua a las necesidades de las dependencias a las que será destinado por sus cua­lidades edilicias y de infraestructu­ra”, agrega.

No todo es tan perfecto: para adecuar los seis pisos de oficinas a lo que necesita el Ejecutivo, se ha­rán reformas por valor de unos 80 millones de pesos, que deberán sumarse a los 200 millones por el alquiler. Así las cosas, el costo de la mudanza entre compra, alqui­leres y refacciones araña los mil millones de pesos (si se incluye lo que costó al erario público cons­truir el Banco Ciudad)

En la ex Canale tendrán sus ofi­cinas los ministerios de Desarrollo Urbano, de Ambiente y Espacio Público, de Modernización, de De­sarrollo Económico y la Subsecre­taría de Tránsito y Transporte.

La propietaria de la ex Cana­le se comprometió a finalizar las obras antes del 31 de enero de 2015. Con los plazos previstos para la remodelación, se espera que para marzo ya estén trabajan­do unos cinco mil empleados del Gobierno de la Ciudad.

El inmueble, de 31.505 m2 cu­biertos más 2.834 m2 descubier­tos, fue totalmente reciclado y am­pliado. Si se suman las 25 cocheras, hace un total de 34.339 m2 de su­perficie total, incluyendo el estacio­namiento de la planta baja. En la página web de la inmobiliaria To­ribio Achával pueden verse fotos y planos de cada oficina.

¿Qué pasará con el edificio his­tórico de Bolívar 1? Será la sede del Ministerio de Hacienda, que hoy tiene sus dependencias atomiza­das en distintos espacios. La Casa de la Cultura, ubicada a pocos me­tros sobre Avenida de Mayo, se­guirá siendo sede del Ministerio de Cultura, y se prevé que en mar­zo se le sume el Ente de Turismo. También seguirán en el centro las Direcciones de Catastro y de Fal­tas, aunque resta definir el lugar.

El resto de los ministerios se quedarán donde están: el de Segu­ridad seguirá en avenida Patricios, el de Desarrollo Social en la sede de México al 1600, Educación conti­nuará en Paseo Colón al 200 y el Ministerio de Salud funcionará en las instalaciones del SAME. Por su parte, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), que funciona en el ex Mercado del Plata, se mudará a Flores, probablemente a un edificio que dejará el Banco Ciudad.

Un centro cívico a palazos y topadoras

Mauricio Macri había previsto que el Centro Cívico, la nueva sede del Gobierno porteño, se construyera en Perdriel y Amancio Alcorta, pleno barrio de Barracas. Más exactamente en el predio donde funcionaba el taller protegido 19 del hospital Borda. La empecinada lucha de los trabajadores y profesionales, los pacientes, los vecinos y organizaciones sociales –que ocuparon el lugar para evitar su demolición– logró frenar la obra durante meses.

El 26 de abril de 2013, 400 efectivos de seguridad ingresaron en el Borda antes del amanecer para garantizar que una empresa contratista demoliera el edificio del taller protegido. Cuando las cuadrillas comenzaron a trabajar, los trabajadores intentaron impedirlo. La Metropolitana respondió con una represión que dejó 50 heridos por balas de goma, entre ellos 14 pacientes.

En septiembre de 2013, la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña confirmó la medida cautelar que suspendió las obras desde diciembre de 2012. Al mismo tiempo, el juez de instrucción Jorge Adolfo López procesó a altos funcionarios por “abuso de autoridad, requerimiento ilegal de auxilio de la fuerza pública y desobediencia a una orden judicial”: Macri; la vicejefa María Eugenia Vidal; el jefe del Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y los ministros de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, y de Salud, Graciela Reybaud.

La suspensión de los trabajos del Centro Cívico derivó en la postergación de la venta del edificio del ex Mercado del Plata, con la que se iba a costear esa construcción. Por eso, Macri finalmente decidió abandonar ese plan inicial y optar por el edificio del Banco Ciudad en Parque Patricios.

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