Después de reactivar los reclamos al Gobierno con demandas de subas salariales y cambios impositivos, Hugo Moyano prevé impulsar una nueva protesta por el pago de una deuda millonaria que las obras sociales sindicales exigen al Estado. En el pedido, la CGT focalizará su queja en las demoras de la bonificación de reintegros a través de la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo descentralizado que está bajo la órbita del Ministerio de Salud y que, hasta el escándalo por la mafia de los medicamentos, era un bastión del moyanismo.

De los 9000 millones de pesos que son reclamados por la CGT, unos 6800 millones provienen del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores de sus respectivos salarios. El resto del monto surge de los reintegros de prestación de servicios de alta complejidad que se brindan a través de la APE, que administra un presupuesto anual de $ 1100 millones.

La APE frenó algunos pagos por reintegro a las obras sociales sindicales debido al avance de la causa judicial que investiga la adulteración de remedios y que involucra a muchos dirigentes gremiales de peso, entre ellos, a Moyano.

"Lo único que está demorado es el pago de reintegros por medicamentos porque se pidió que se certifique la validez de los troqueles. Son reintegros que están bajo sospecha", reconoció ante LA NACION un alto funcionario de la APE. La misma fuente aseguró que en los últimos dos meses se pagaron 127 millones de pesos, más de lo habitual, según su explicación.

Moyano intentó el miércoles pasado contener las quejas de sus compañeros del consejo directivo de la CGT por el desplazamiento electoral que sufrieron en el espacio kirchnerista. Reunido en el 4° piso de la sede de Azopardo, pidió evitar confrontaciones, aunque dio vía libre para reclamar el pago de la deuda por las obras sociales.

El primero en interrumpir al líder camionero fue un hombre vinculado a la Unión Ferroviaria. "Hugo, de la APE nos deben a la obra social como diez palos [millones]. Sé que todas las carpetas de 2010 para atrás no se están tocando", abrió el juego. El referente de un gremio más pequeño fue más duro: "Pueden pasar tres o cuatro años sin ver un peso. No nos entregan nada, y no sabemos si es porque existe una orden de arriba".

Durante la reunión en la CGT, los dirigentes expresaron su temor por el avance del Gobierno sobre las obras sociales sindicales.

El dirigente Juan Carlos Schmid dijo que pedirán una reunión con el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur.

Manzur reemplazó en abril del mando de la APE al moyanista Daniel Colombo Russell. Ubicó como gerente general al tucumano Manuel Martín Alves, un hombre de su confianza.

La salida de Colombo Russell, que fue asesor legal del gremio de Camioneros, estuvo relacionada al avance de la causa de los medicamentos adulterados, según confiaron dos fuentes de la APE y un hombre del sindicato que conduce Moyano.

El referente de la CGT aún mantiene a dos hombres de su confianza en la APE. Se trata de Christian Asorey (es el yerno de Moyano) y Abel Beroiz (hijo del ex tesorero del gremio de Camioneros). Pero desde el avance de la causa por los medicamentos, el organismo fue colonizado por gente de Manzur.

Más controles

Tal como lo anunció LA NACION el 17 de abril pasado, en la APE se trabaja desde entonces en una reforma para ejercer mayor control y recortar el poder de los sindicatos sobre el manejo de la caja. Se prevé activar un sistema de trazabilidad para monitorear el circuito completo de los remedios. No se aplicó aún porque se está trabajando en la informatización del proyecto, según explicaron en el organismo. Intervienen en la puesta en marcha la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) y la Auditoría General de la Nación (AGN).

En lo que va del año, el Gobierno ya desembolsó 920 millones de pesos para las obras sociales sindicales. Es parte del pago de la deuda que reclama la CGT, y que los gremios consideran que alcanza los 9000 millones.

El Gobierno desconoce el monto de la deuda y aseguró para 2011 el pago de unos 1000 millones al Fondo Solidario de Redistribución. Hubo un depósito que se hizo el miércoles pasado mediante la resolución 232 del Boletín Oficial. Restaría un pago más, que está previsto efectivizarse en septiembre.

La última embestida de Moyano por el pago a las obras sociales cargó con una amenaza de demandar judicialmente al Estado si no se acordaba un mecanismo de pago.El líder de la CGT prevé reactivar sus reclamos el martes próximo con un acto en el estadio de Deportivo Morón. Desde allí intensificará su presión al Gobierno.