Tras una reunión realizada en la CGT, el camionero logró la adhesión de unas 70 prestadoras médicas de gremios aliados a su conducción para iniciar en forma conjunta una ola de juicios contra el Estado con el objetivo de exigir el pago de reintegros atrasados y la distribución de los $ 15.000 millones acumulados en el llamado Fondo Solidario de Redistribución (FSR).

La estrategia del moyanismo tiene como antecedente las denuncias ya presentadas en la Justicia por las obras sociales de Camioneros y trabajadores rurales (Uatre), que aún no encuentran competencia judicial. Y se completará en las próximas semanas con reclamos similares que formalizarán el resto de las obras sociales del sector ante los fueros contencioso administrativo y penal. Como paso previo a esa denuncia, las obras sociales de los gremios afines al camionero comenzarán a enviar intimaciones a la titular de la Superintendencia de Salud, la ultrakirchnerista Liliana Korenfeld, exigiendo en el plazo de 72 horas el pago de los reintegros adeudados por la disuelta Administración de Programas Especiales (APE). También intimarán a que en el mismo plazo la funcionaria informe a las obras sociales sobre la situación y recursos acumulados en el FSR y darán un mes para que se definan los expedientes por tratamientos médicos de alta complejidad pendientes de resolución por parte de la Superintendencia.

Si en esos plazos no son respondidos los reclamos, las obras sociales aliadas a Moyano denunciarán a Korenfeld y al resto de los funcionarios del sector por “abandono de persona por omisión e incumplimiento de sus deberes”.

“Vamos a realizar las acciones civiles y penales que correspondan”, afirmó el dirigente Jorge Sola, referente de la comisión de Acción Social de la CGT que lidera el camionero.

A su vez, la dirigente Sandra Maiorana justificó la decisión del sector de judicializar el reclamo al sostener que “Si el Estado no cumple en devolver lo que es de los trabajadores, los gremios tenemos la responsabilidad de defender esos aportes”.