Según publica el diario crítica de la Argentina, el juez Claudio Bonadío tiene celosamente guardados en su despacho los documentos donde consta que la obra social de Camioneros recibió del Estado –a través de la Administración de Programas Especiales (APE)– casi 70 millones de pesos entre 2006 y 2009 para, supuestamente, pagar medicamentos de alta complejidad vendidos a la mutual de los Moyano por su proveedor preferido: la droguería Urbana, una sociedad que aportó a la campaña presidencial Cristina-Cobos 2007, y que está siendo investigada no sólo en este expediente sino también en el que tiene Norberto Oyarbide conocido como "la mafia de los medicamentos".

La cifra millonaria era desconocida hasta ahora y es el punto de partida a través del cual Bonadío busca saber si el creciente favoritismo de la APE por Camioneros esconde la presentación de legajos de pacientes con tratamientos ficticios con el objetivo de recibir el dinero y desviarlo a destinos desconocidos. De ser así, tendría que contar necesariamente con la complicidad de esta droguería.

La causa se abrió en 2006 pero tomó impulso a mediados del año pasado cuando el magistrado hizo allanamientos, tomó declaraciones y comenzó a cruzar los datos. Desde entonces, la dirigencia del Sindicato de Camioneros está cada vez más incómoda con el avance del expediente y fracasó en un intento por recusar al magistrado.

Según los documentos, el crecimiento anual de reintegros del APE hacia Camioneros es indisimulable. En 2006, Oschoca, la obra social de los choferes, presentó 19 legajos por $ 426.114,16. En el período 2007/2008 la cifra llega casi a 7 millones y en 2009 la mutual de los conductores recibió $ 56.263.552,99 por 36 expedientes presentados. Como beneficiario final de ese dinero aparece siempre la droguería Urbana, una sociedad que comenzó en 2003 pero creció radicalmente desde que en junio de 2007 entró al directorio Marcos Daniel Hendler. Fue entonces cuando pasó a ser la proveedora preferida de los Moyano. Los balances de la empresa, a los que se accedió, muestran que, a un año de su apertura, sus ingresos por ventas alcanzaban los 4 millones. En 2008, treparon a $ 30.791.066. Con la atención puesta en semejante salto de facturación, el juez sigue una pista que podría unir más directamente aún a Hendler con la familia Moyano.

La denuncia que originó el caso la hizo Juan Pablo "Pata" Medina, dirigente de la UOCRA y enemigo sin disimulo del titular de la CGT, Hugo Moyano, y apuntó a los fondos de la salud, una de las rutas más sensibles por donde se mueve la plata de los gremios. Se trata del mismo foco de atención de la megacausa de los remedios adulterados que tiene Oyarbide. Por esa investigación está procesado el líder de la Bancaria, Juan José Zanola, como jefe de una asociación ilícita que, entre otros delitos, habría presentado a la APE legajos de pacientes que no estaban enfermos y troqueles truchos de medicina para el cáncer, el sida y los hemofílicos, con el objetivo de cobrar esos subsidios. La tarea habría contado con la complicidad de Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier, también procesado por el mismo delito y proveedor universal de esa clase de remedios a la obra social de los empleados de banco. La sospecha es que estas maniobras no podrían hacerse sin la connivencia de algunos funcionarios públicos.

En una entrevista que la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, dijo que "la Justicia tiene que investigar" si Moyano estaba haciendo lo mismo que Zanola en el manejo del dinero de la obra social. Los cruces entre los dos casos son demasiado visibles y por esa razón Oyarbide también allanó la droguería Urbana mientras que el fiscal Carlos Comparatore aseguró que la investigación se extiende a Moyano. La situación creó ahora un conflicto entre los dos jueces.

Los supuestos desvíos de los fondos de la APE son una sospecha permanente desde hace años. Este organismo es una entidad autárquica del Ministerio de Salud pero con una vinculación histórica con la Superintendencia de Servicios de Salud, que supo comandar Héctor Capaccioli, el recaudador de las campañas kirchneristas. Las empresas de ese rubro son, justamente, las principales aportantes.

La APE tiene la responsabilidad formal de asignar partidas especiales para subsidiar a las obras sociales en la compra de medicamentos costosos y de alta complejidad, el nicho de negocios al que se dedican San Javier, Urbana y las droguerías de los asesinados en el triple crimen de General Rodríguez. Todos ellos figuran dando dinero en la rendición que llevó a Cristina Kirchner a la Presidencia. Ése es el caso también de Hendler, que donó $ 310 mil a través de Urbana y otros $ 140 mil a través de la sociedad Audifarm. Aún restan muchas revelaciones en la trama que une la salud, los sindicatos y la política.