La figura de sedición es la acusación que sostuvo el fiscal federal Baric. Todas las actuaciones que realizo ese fiscal pueden ser utilizadas por la Justicia provincial, aunque la supuesta sedición apuntaría al Gobierno provincial.

Desde fuentes judiciales trascendió que se habilitaría la feria judicial y después se analizaría la competencia. De todos modos el criterio del fiscal Ordás, no necesariamete debe ser tomado en ucenta por el juez Saaez Zamora.

El giro de la causa al fiscla Ordás se producirá este miércoles. La causa llegó al juzgado de Saez Zamora a media mañana, pero el horario de funcionamiento de feria judicial es hasta las 11 horas. Por eso la causa le llegaría al fiscal durante este miércoles. Ordás tiene tres días para pronunciarse.

Lo que está en debate es si fue un mero reclamo policial o si se trató de un delito con la figura de sedición. Hay 11 policías, ocho en actividad y tres retirados acusados por el fiscal Baric. Desde el Gobierno nacional y las usinas oficialistas se agitó la figura de sedición, que puede ser una estrategia para tapar las propias incapacidades.

En el ámbito provincial, la Policía fue elogiada por el gobernador Oscar Jorge hasta horas antes del motín del 11 de diciembre. “Tenemos una buena políca, una policía honesta”, dijo Jorge.

La jueza Federal subrogante de Santa Rosa, Iara Silvestre se declaró incompetente para investigar a los cabecillas del acuertelamiento policial de diciembre porque “la sedición de agentes policiales provinciales contra las autoridades locales, como no afecta la seguridad de la Nación, es delito de competencia de la justicia provincial”.

Silvestre dijo que “en forma previa a considerar la procedencia de lo peticionado (indagar a los sospechosos) debe necesariamente evaluarse si ello se encuentra dentro de la competencia constitucional y legalmente atribuida al fuero federal”.

“Analizadas las constancias de la causa encuentro que, si bien la encomiable labor de la Fiscalía Federal ha permitido identificar a quienes en principio serían los responsables de los hechos acaecidos los días 11 y 12 de diciembre de 2013, de indudable gravedad institucional y prima facie encuadrables en el artículo 229 del Código Penal, no se han arrimado elementos que justifiquen la intervención del fuero de excepción o, al menos, el señor Fiscal no los ha esgrimido en forma suficiente”, explicó la jueza en el escrito al que accedió El Diario.

Después de citar el artículo 229 del Código Penal que se le pretende imputar a los responsables, Silvestre aseguró que “resulta claro que el alzamiento de diciembre pasado, a manos de un grupo de integrantes de la Policía de La Pampa, tuvo por fin arrancarle al gobierno provincial alguna medida o concesión: los doce puntos del petitorio (...) de los cuales el Gobierno Provincial sólo accedio a algunos, lo que ocasionó el levantamiento de la protesta”.

Agregó que “de la lectura de los doce puntos de dicho petitorio se advierten exigencias circunscriptas a cuestiones de competencia del gobierno local, a saber:

Los 12 puntos del petitorio que entregaron los policías acuartelados son los siguientes: 1- El cambio de jefe y subjefe de policía; 2 - Que no haya sanciones para el personal policial que participen de los reclamos; 3 - Sueldo básico de 6000 pesos; 4 - Sueldo proporcional al escalafón; 5 - Retirar la pasiva y la disponibilidad de forma definitiva; 6 - Que las conductas administrativas sean investigadas por parte de una instrucción que no sea de la jurisdicción de revista o destino del sumariado; 7 - Que no haya más recargos; 8 - Un tope de 8 horas de trabajo diarias; 9 - Que se trate la nueva ley policial y se deroguen las de facto; 10 - Que el personal policial tenga prioridad en la inscripción de viviendas; 11 -

Que los servicios adicionales se paguen en tiempo y forma; y 12 - Que se respete el pago de la jerarquización”.

“De ellos se desprende que no se ha producido ninguna afectación al Gobierno Nacional, al encontrarse el conflicto circunscripto a cuestiones eminentemente locales”, afirmó.

La jueza citó declaraciones del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien dijo que el conflicto de La Pampa se trató de “una cuestión de competencia provincial”.