“Los reclamos basados en los casos Badaro y Sánchez alcanzan el 70 por ciento de las causas. Con la ley que proponemos se reduciría muchísimo esta cifra, lo que mejoraría el nivel de resolución de conflictos de jubilados y pensionados”, aseguró y añadió que su partido “trabaja muy fuerte este año para conseguir la sanción de la norma que actualice los haberes”.

A estos conceptos se sumaron las consideraciones de Ricardo Gil Lavedra, titular del bloque de diputados nacionales del radicalismo, quien recordó que “pese a haberse comprometido ante organismos internacionales a no apelar las sentencias previsionales, el gobierno dilata con continuas apelaciones el cumplimiento de las sentencias”. “Hay que cambiar la ley de procedimientos y ampliar la cantidad de juzgados haciendo mas eficiente a la justicia y el Estado”, enfatizó.

“Estamos frente a derechos de la gente mayor, lo que nos obliga a actuar con seriedad y celeridad”, remarcó Gustavo Serebrisky quien agregó que “lo mas grave es que hay muchas personas en la postura de litigar y no sabemos el universo de casos, tampoco tenemos rendiciones de los fondos desde noviembre ni estadísticas sobre las cuales planificar”. “Hay que cambiar la ley”, sentó el diputado bonaerense para quien “la responsabilidad en este tema es política. Nuestra intención es que la seguridad social sea una política de Estado”.

Junto al doctor Chirinos, recibieron en la sala de acuerdos de la CFSS a los legisladores los jueces Lilia Mases de Borghi, Victoria Perez Tagnola, Néstor Fasciolo, Emilio Fernández y Martín Laclau, y la fiscal Lila Lorenzo, quienes calificaron como “uno de los problemas mas sensibles de la justicia” el que viven los tribunales de la Seguridad Social. “Solo en 2010 ingresaron cien mil causas en Capital Federal. A eso hay que sumarle las que se inician en los distintas salas de las provincias”, agregaron y apuntaron que el número de pleitos es escalofriante.