El dictamen que promueve la aprobación de la modificación a la Ley de Trata de Personas ya tiene las firmas necesarias para ser debatido y aprobado en la sesión que los diputados tienen previsto realizar hoy.

El consenso es generalizado, pero ello no evitará que la oposición vote algunos artículos en contra y busque endilgarle al Frente para la Victoria demora, falta de interés y, por qué no, especulación por decidir bajar la iniciativa al recinto en el período de sesiones extraordinarias del Congreso. Pero si de dilaciones y desinterés se trata, los opositores tienen su más que importante cuota de responsabilidad con este postergado debate. La media sanción del Senado data de 2011, en tiempos en que el Grupo A era mayoría en la Cámara Baja y el proyecto nunca formó parte de su agenda de prioridades.

En la reunión plenaria de comisiones de ayer, donde confluyeron los integrantes de Legislación Penal, Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Presupuesto y Hacienda, los discursos a favor de la norma se sucedieron sin solución de continuidad. Durante las exposiciones, el vergonzoso fallo del caso Marita Verón, que absolvió a los 13 imputados por su secuestro y desaparición, fue el común denominador. El oficialismo lo repudió y destacó el respaldo y acompañamiento a Susana Trimarco por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La oposición los utilizó, además, para endilgarle al gobierno nacional mora y oportunismo. Al gobernador tucumano, José Alperovich, lo criticaron por su falta de interés e incluso por la supuesta connivencia entre el poder político, judicial y policial de la provincia con estas redes de trata.

Para despejar dudas, el kirchnerista Oscar Albrieu (responsable de Legislación Penal) afirmó que “en el bloque oficialista hemos tomado la decisión de votar la media sanción que vino del Senado sin ningún tipo de modificación”. No fue una sorpresa para los opositores: saben que es preciso contar con esta norma que modifica la sancionada en 2008 y coinciden con el oficialismo en que es mejor contar con la nueva ley, porque introducir modificaciones que obligaran a regresar el proyecto al Senado, significaría dilatar aún más la aplicación de las nuevas directivas y prescripciones que tiene el texto normativo. De todas formas, los bloques de la UCR, el FAP, el peronismo disidente y otras bancadas más pequeñas votarán afirmativamente la ley en general y expresarán sus reparos en algunos artículos.

En la reunión, la diputada Stella Maris Córdoba (FPV-Tucumán) resaltó el consenso alcanzado con el texto de la ley porque, afirmó, "otorga nuevas herramientas para combatir este delito y permite, con la creación del Consejo Federal, coordinar acciones en todo el país". A pesar de sus profundas diferencias con Alperovich, la legisladora se cuidó de criticar al mandatario provincial. No tuvo ese cuidado la radical María Luisa Storani, quien le endilgó al gobierno tucumano apañar a una justicia que emitió "un fallo feudal que castigó a las mujeres que brindaron su testimonio y que tiene connivencia con el poder político y policial". Eso no le gustó a la otra tucumana del FPV y ex ministra de Alperovich, Beatriz Mirkin, y le recordó la falta de interés de la oposición con este proyecto cuando eran mayoría, en 2011.

La sesión de hoy tiene hora de inicio a las 13, y se prevé un debate que puede extenderse entre siete y nueve horas. Ese es el lapso que resta para que ya no se considere como un atenuante ni eximición de responsabilidad civil y penal, el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas. La nueva norma castiga al proxeneta con prisión de cuatro a seis años, al que explote económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, y también al que "promueva o facilite la prostitución". En caso de que la víctima fuera menor de 18 años, la pena sería de diez a 15 años de prisión y a todas se les brindará, gratuitamente, asistencia médica y psicológica. Además del Consejo Federal, se creará el Sistema Sincronizado de Denuncias sobre el Delito de Trata y Explotación de Personas, y se le asignará el número telefónico gratuito 145 en todo el territorio nacional. «

"saben dónde están los prostíbulos"

La procuradora general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo (foto), denunció ayer que las autoridades conocen dónde se encuentran los prostíbulos. "Todos conocemos dónde están los prostíbulos; todos, absolutamente todos", reconoció en declaraciones radiales. Sin embargo, aseguró que "miran para el costado o encuentran que, en realidad, no es trata sino que es ejercicio de la prostitución como trabajo, y eso no es así porque, inclusive dentro de esto, está la facilitación de mayores y menores, la corrupción, la pornografía infantil y la reducción a servidumbre". El equipo que dirige Falbo en la lucha contra la trata de personas ya rescató "entre 2008 y lo que va de 2012, a 2.491 víctimas en la provincia", aseguró