El ministro de Justicia cuestionó los traslados durante los cuales se fugaron los represores condenados ya que "la atención podía subsanarse en un hospital local".
La Justicia de San Juan había concedido a ambos detenidos el beneficio de su traslado transitorio a la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Servicio Penitenciario Federal, para ser atendidos en el Hospital Militar Central, por los servicios de dermatología, en uno de los casos, y de psiquiatría, en el otro. "El Servicio Penitenciario Federal recibió una comunicación formal de la Justicia federal de San Juan para que realizara el traslado en tránsito de los detenidos -hoy prófugos- al Hospital Militar Argerich, donde tenían turnos otorgados para dermatología y psiquiatría, cuestiones médicas que tranquilamente se podían subsanar en San Juan", explicó Alak.
Por otro lado, para realizar las tareas de revisión de antecedentes médicos, los ministros Rossi, Julio Alak (Justicia) y Juan Manzur (Salud) acordaron la creación de la Comisión de Asesoramiento Médico, que integrarán médicos representantes de los tres ministerios: Pablo Kohan por Justicia, Eduardo Mario Bustos Villar por Salud, y Mario Perichón, por Defensa.
El objetivo "que no haya margen para situaciones como las que se produjeron la semana pasada", aseveró el ministro Alak en referencia a Olivera y De Marchi, ambos condenados por delitos de
lesa humanidad en San Juan que se fugaron el último jueves aprovechando su atención médica en
el Hospital Militar Cosme Argerich, en el barrio porteño de Palermo. El viernes último, el Ministerio de Justicia firmó una resolución para que "el Servicio Penitenciario no vuelva a trasladar a los condenados por delitos de lesa humanidad a hospitales que dependan de las Fuerzas Armadas". En tanto, la cartera de Defensa dictó una resolución complementaria para que los detenidos por delitos de lesa humanidad no puedan ser atendidos en hospitales de las Fuerzas Armadas, ni para su internación ni para tratamiento ambulatorio.
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