El Ministerio Público Fiscal pidió que se rechace la habilitación de “Cocodrilo”

El Ministerio Público Fiscal pidió que se rechace la habilitación de “Cocodrilo”

Mediante un escrito, le solicitó al intendente que se arbitren los medios para impedir su funcionamiento en la ciudad. Se acompañó documentación sobre las causas en las que está involucrado el local que lleva el mismo nombre en Recoleta.

A través de un escrito acompañado con una nutrida cantidad de pruebas e información, el fiscal de Distrito de Mar del Plata, Daniel Adler, le pidió al intendente Gustavo Pulti que rechace toda pretensión de habilitación del establecimiento “Cocodrilo” y arbitre los medios para impedir su funcionamiento de hecho.

De acuerdo a la documentación recolectada -en coordinación con Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación Sexual (Protex)-, el fiscal contempló “que bajo el ropaje de legalidad se encubriría la apertura de uno de los lugares prohibidos por los artículos 15 y 17 de la ley 12.331, cuya finalidad fue la de preservar la dignidad de las mujeres que tienen derecho a ejercer la prostitución, pero no a ser explotadas en su ejercicio”. “La apertura de este local generaría una violación inminente de los derechos de las mujeres, en especial el de preservar su dignidad frente a situaciones de explotación”, sostuvo Adler. En el escrito presentado, indicó que el funcionamiento de este establecimiento entraría en “palmario enfrentamiento con normas del derecho nacional e internacional”. En ese contexto, el funcionario judicial reparó en que desde hace casi 80 años se encuentra en vigencia la ley 12.331 y el Convenio de Naciones Unidas data desde 1949. En concreto, el artículo 15 de la ley 12.331 establece que “queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella”. “La puesta en funcionamiento de ‘Cocodrilo’ de acuerdo a una habilitación municipal, conforme los antecedentes de hecho expuestos, viola flagrantemente este artículo  que justamente busca proteger la dignidad de las personas buscando herramientas preventivas para evitar su vulneración”, precisó el fiscal. A su vez, señaló que tanto el Protocolo de Palermo –que integra la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional- como la ley 26.634 no sólo obligan a sancionar el delito de trata, sino a prevenirlo, y “en el marco de esa manda que obliga a la prevención entendemos que la instalación de un establecimiento como  ‘Cocodrilo’ la viola flagrantemente”. “Sin dudas la instalación de un lugar que está inequívocamente señalado como de explotación sexual de mujeres  provoca exactamente un efecto contrario”, precisó  Adler, que  entendió que el anuncio de abrir “Cocodrilo” lejos está de prevenir el fenómeno de la trata, sino exactamente todo lo contrario.  Asimismo, y al trazar un breve panorama de la cultura prostibularia y el negocio de la trata de personas en Mar del Plata, Adler reparó en que los prostíbulos se “convirtieron” primero en privados. “Pese a que claramente eran lugares públicos, publicidad no les faltaba, eufemísticamente pasaron a llamarse privados, protegiéndose lingüísticamente con el paraguas de la privacidad constitucional, lo que llevó a la confusión de buena parte de los operadores judiciales y municipales que mostraron notoria inactividad en torno al tema, alentados por una mirada policial que presentaba así la situación”. Y más adelante señaló: “Del privado se pasó al ‘boliche’. Encubierto en bar de noche funcionó la explotación de la prostitución VIP en ‘Madahos’. Hoy sus responsables se encuentran procesados por el delito de trata de personas. Ese lugar, sostenemos, es el que hoy quiere a venir a ocupar Cocodrilo”.

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