El ministro de Infraestrutura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, lideró un encuentro con empresarios y trabajadores pymes, con reclamos a Javier Milei por el industricidio empujado por las medidas del gobierno nacional y una propuesta que contempla compromisos de política pública sectorial para el próximo gobierno.

“Tenemos que frenar la destrucción del país, del tejido productivo, de la universidad y de lo que necesitamos para pensar en una Argentina para todos”, dijo el ministro que afirmó que “ya son 25.000 PyMEs las fundidas por Milei”.

El tres veces intendente de San Martín tuvo esas consideraciones en el marco de un encuentro de todo el sector productivo, con empresarios, cámaras y sindicatos, para ponerle un freno a lo que en la provincia llaman “industricidio”.

Los presentes firmaron un documento en el que reclaman líneas de financiamiento específicas, hoy inexistentes, programas de regularización impositiva, una revisión del esquema de precios relativos, una política comercial inteligente, que facilite la importación de bienes de capital e insumos y no destruya la producción y el trabajo nacionales y cambios en la política de ingresos.

A su turno, el intendente anfitrión, Fernando Moreira, sostuvo que el gobierno libertario “no creen en la industria, no creen en el desarrollo y están generando un círculo vicioso, porque sabemos que cuando se afecta a las PyMEs y al empleo, repercute en el comercio, en la salud y en la cuestión social”.

“No es sólo la parte que nos toca, es un modelo de país lo que está en juego”, concluyó Moreira, que cursa su primer mandato completo, es economista y experto en temas relacionados con la producción.

Junto a ellos estuvo el secretario general de la CGT local, el dirigente de los trabajadores de la alimentación, Sergio Escalante, que por estos días trabaja para preservar los 180 puestos de trabajo en riesgo por la crisis de Alijor. En ese sentido, se reunió recientemente con el vicepresidente de la comisión de Trabajo del senado bonaerense, Fernando Coronel.

La locación elegida, además de ser el pago chico del ministro, claramente no es casual. Ocurre que San Martín es la capital nacional de la pyme industrial, desde la sanción de la ley 27.110 de 2014. La actividad industrial pyme es tan relevante que el gobierno local cuenta con un observatorio que produce sus propias estadísticas. Su exposición anual, que se desarrolla cada mes de septiembre desde hace casi dos décadas.

Los últimos datos del Observatorio Socioeconómico de San Martín reflejan la dura actualidad para las industrias locales, el trabajo y la actividad económica. En marzo, la capacidad instalada de las empresas de San Martín está funcionando al 46 por ciento y el empleo mostró una caída del 6,3, sumando 8 trimestres consecutivos a la baja, registrando su último número positivo en 2023.

Casualidad o no, casi en simultáneo, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a unas pocas cuadras de la UNSAM, donde se realizaba el encuentro, las fuerzas federales a las órdenes de la ministra Alejandra Monteoliva golpearon y reprimieron a trabajadores del organismo y a empresarios que intentaban colgar una bandera alusiva al industricidio.

Desde diciembre de 2023 en Argentina se cerraron 25.000 PyMEs, unas 31 por día, y se perdieron más de 205.000 empleos privados registrados, equivalentes a 254 puestos de trabajo menos diariamente.

En ese contexto, la provincia de Buenos Aires es la más afectada, con el cierre de 5.374 PyMEs y la caída de 73.370 empleos registrados privados, siendo San Martín de los distritos más golpeados por ser capital nacional de la Pequeña y Mediana Empresa industrial.