La Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó que el gobierno de Mauricio Macri no podrá utilizar las armas Taser que había intentado adquirir cuando creó la Policía Metropolitana. El tribunal ratificó una decisión de primera instancia en la que se le había hecho saber a la gestión PRO que el uso de esas armas violaría tratados internacionales. El macrismo insistió y cosechó un nuevo fallo desfavorable. El Observatorio de Derechos Humanos (ODH) porteño celebró la decisión porque "pone un coto a la arbitrariedad del Jefe de Gobierno, quien intentó llevar a cabo la fundación de una fuerza al servicio de la represión y la tortura".

El ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, autorizó en 2009 un pliego para adquirir armas no letales. A comienzos de 2010, ordenó la compra de cinco pistolas Taser X 26. El ODH se presentó ante el Poder Judicial para frenar esa compra. La demanda fue presentada por Carlos Pisoni, actual subsecretario de Promoción de los Derechos Humanos nacional. La jueza Andrea Danas detuvo la compra de las Taser. Su fallo señalaba que los órganos de aplicación de la Convención Contra la Tortura aprobada por la ONU y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura habían recomendado a los Estados parte que no utilicen las pistolas Taser, dado que las habían calificado como un elemento de tortura que potencialmente puede llevar a la muerte.

El gobierno porteño apeló con el argumento de que los demandantes no estaban legitimados para reclamar por la compra de las Taser. Montenegro afirmó que apelaba "para que la Cámara ponga un poco de cordura ante este tipo de disparates". Ayer la Cámara les dio la razón a los demandantes y le recordó al funcionario que "en un Estado democrático, aun la mera sospecha de que el empleo de un arma por parte de las fuerzas de seguridad pueda derivar en una acción cruel, inhumana y degradante para la condición humana impone extremar los medios de prueba tendientes a desvirtuarlo".

Los camaristas Esteban Centanaro y Horacio Corti indicaron que "la lacónica argumentación del gobierno porteño no logra desvirtuar la decisión" de la jueza Danas. Por ejemplo, el gobierno porteño había argumentado que otras fuerzas de seguridad usan esos dispositivos. El tribunal consultó a Prefectura y Gendarmería, que respondieron que no tienen Taser. En tanto, la Policía de Seguridad Aeroportuaria indicó que tenía una en custodia que había quedado de la antigua Policía Aeronáutica Nacional, pero "su uso ha sido prohibido desde el año 2005". "La PSA no está de acuerdo con el uso de armas de electrochoque (como por ejemplo las de marca Taser). Esta es una postura institucional", contestó la fuerza policial creada de cero por el actual diputado provincial Marcelo Saín.

Como datos internacionales, el tribunal también registró 13 casos de muertes entre 2004 y 2006 en Estados Unidos donde los forenses indicaron como factor concurrente el uso de pistolas eléctricas. Ayer se conoció un nuevo caso en Miami, en la que los policías habrían matado a un joven colombiano por pintar un graffiti. Esas pistolas habían sido desaconsejadas tanto por la ONU como por Amnistía Internacional. "Resulta manifiesto que las consideraciones esbozadas tanto por Amnistía Internacional como por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas no han sido rebatidas por el gobierno porteño", indicaron los camaristas. "Tampoco pudo demostrar los protocolos de uso", advirtieron. Los camaristas estimaron que el caso "debe ser visto a la luz de la compleja historia argentina, uno de cuyos trágicos aspectos ha sido la utilización ilegítima (y extrema) de la violencia por parte del Estado". Además del ODH, el legislador Rafael Gentili indicó que "(el entonces jefe de la Metropolitana, Eugenio) Burzaco había admitido que para las Naciones Unidas las Taser son un elemento de tortura".