Si el oficialismo no quiere dialogar se pierde una buena oportunidad. Los votos no son de uno, esto pasa muy rápido, es circunstancial. Tenemos que resolverle la vida a la gente entendiendo que somos adversarios y no enemigos. Tenemos que bajar el nivel de agresión.” Liviano, Mauricio Macri soltó la frase unas horas antes de embarcarse rumbo a España donde en las últimas horas mantuvo una serie de encuentros con el elenco estable de la derecha ibérica y se dedicó a enviar consejos electorales a la ciudadanía argentina para las elecciones presidenciales del 23 de octubre. Sin embargo, en su nuevo llamado a la convivencia Ciudad-Nación, el jefe de gobierno porteño olvidó mencionar que su administración participa desde hace cinco semanas, y a instancias de la Casa Rosada, de una mesa de negociación para encaminar las respuestas a una de las mayores deudas de ambas gestiones: el déficit habitacional en la postergada zona sur de la Capital Federal. La mesa de discusión incluye a los gobiernos nacional y porteño y a los delegados de los barrios del distrito más rico del país –concentra la cuarta parte del PBI nacional– que continúan castigados por la ausencia de una política de vivienda y de infraestructura general de servicios. La sombra de la toma del Parque Indoamericano –de la que en diciembre próximo se cumplirá un año– funcionó como disparador de los contactos formales en los que el macrismo participa con escasa vocación de parte responsable.

La ronda de conversaciones comenzó cuando el triunfo de la presidenta Cristina Fernández en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 14 de agosto concentraba todavía la atención pública y mediática. Dos días después de aquel domingo electoral que amaneció con lluvia. Pese al mal tiempo, sobre el final del martes 16, un grupo de vecinos que había participado de la ocupación del Indoamericano amenazó con un acampe en la Plaza de Mayo, frente a la sede del gobierno metropolitano. “Habían pasado nueve meses y no teníamos ninguna respuesta clara y formal sobre nuestro reclamo”, reconstruyó Berta Revilla, delegada por los vecinos del barrio Los Piletones que participaron de la toma que, en el cierre de 2010, también marcó un punto de inflexión para la gestión kirchnerista y motorizó la creación del Ministerio de Seguridad a cargo de Nilda Garré. “Necesitamos que alguien se haga cargo, aunque sabemos que el primer responsable es el gobierno de la Ciudad”, explicó Revilla a Tiempo Argentino. Esa misma noche hubo un primer contacto informal con el subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala. Las reuniones comenzaron al día siguiente.

El secretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, José López, abrió las puertas de sus oficinas en el subsuelo de la calle Esmeralda al 200 para acordar una ronda de conversaciones con los representantes de los barrios. En simultáneo, la invitación para sumarse al diálogo llegó al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y a la Corporación Buenos Aires Sur, un ente descentralizado que depende del Ejecutivo porteño. Entre el 17 y el 19 de agosto arrancó la primera etapa de reuniones. De esa etapa inicial participaron el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Luis Bontempo, y el director del Programa Federal de Organización de Villas y Asentamientos Precarios, Damián Sanmiguel. Por la Nación, también se sentó a la mesa un grupo de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Alicia Kirchner. Esa cartera aportó los resultados y datos actualizados de un intenso trabajo territorial realizado en la zona sur de la Ciudad en los últimos seis meses y que demuestra la necesidad de una vivienda digna de muchas de las familias que habitan esa postergada franja del mapa porteño (ver aparte). Se trata del mismo equipo profesional que tuvo un rol clave para lograr el levantamiento del acampe en el Indoamericano: los trabajadores sociales que durante 36 horas ininterrumpidas censaron a los ocupantes del predio mientras la Gendarmería montaba un cerco infranqueable.

El macrismo aceptó dar el presente y el presidente del IVC, Omar Abboud, junto a integrantes con rango administrativo de la Corporación del Sur, ocuparon un lugar en ese primer acercamiento.

Todos escucharon el renovado reclamo de los delegados “del Indoamericano”. Los referentes barriales de los barrios Ramón Carrillo y Los Piletones, y las Villas Fátima, 20, 15 y 1-11-14 expusieron un pedido conocido: la construcción, mejora y ampliación de viviendas, la posibilidad de establecer alojamientos transitorios para las familias en situación de mayor vulnerabilidad, la realización de obras de saneamiento como cloacas y desagües, la instalación de medidores de luz, gas y repavimentación y, también, el posible otorgamiento de créditos hipotecarios del Banco Ciudad. El IVC respondió con el “estado de gestión” de su plan de urbanización y servicios públicos en cada barrio, mientras que el Ministerio de Planificación Federal planteó el proyecto de traslado a viviendas construidas con el financiamiento de la Nación en el Conurbano Bonaerense. “Más allá de las posibilidades que comenzaron a barajarse, desde el gobierno nacional se explicitó que el abordaje de la crisis habitacional debe enmarcarse en un plan y política integrales de Estado. No podemos resolver el reclamo de los vecinos de un barrio que estuvieron en la toma sino la del conjunto”, explicó a Tiempo uno de los participantes por la administración central. Esa posición implicó ampliar la mesa de discusión a los referentes de los barrios, aquellos que no están únicamente identificados con la ocupación del Indoamericano pero que llevan bajo el brazo una agenda similar de reclamos urgentes. Esos encuentros se iniciaron el 14 y 15 de septiembre pasados con los delegados de los barrios Carrillo, Los Piletones, Fátima, Pinos, Paloma, Calaza, Calacita y Cildañez y la Villa 20. En esa oportunidad, por un pedido del gobierno nacional, las invitaciones fueron giradas por la administración macrista a través del IVC.

Una vez que terminen las reuniones por barrio, las autoridades nacionales y porteñas volverán a sentarse con los delegados del Indoamericano. “El primero que tiene que solucionarnos el tema de la vivienda es Macri y sus respuestas siempre son evasivas. Nosotros seguimos planteando la necesidad de armar cooperativas, aunque muchos delegados no están de acuerdo. El gobierno nacional está predispuesto, pero insiste con una solución de conjunto”, insistió Revilla en diálogo con este diario.

El déficit habitacional de la Capital Federal, una deuda antigua e irresuelta que la crisis del Indoamericano expuso con crudeza, es el nudo de las gestiones. Desde el gobierno nacional advierten sobre el límite que impone la controversia jurisdiccional para avanzar en soluciones de fondo. Sin embargo, con la apertura de la mesa de diálogo, demuestran que la pelea por la responsabilidad de la Nación o la Ciudad resulta, hoy por hoy, un argumento agotado. Sobre esa evaluación sobrevuelan los desafíos de la próxima gestión presidencial que, como descuentan hasta en las filas opositoras, Cristina se encamina a liderar. Por lo pronto, la mandataria ya definió que la política habitacional será uno de los ejes de su segundo gobierno, si el turno de octubre finalmente confirma el decisivo indicio de las PASO. La creación de un Ministerio de Vivienda o el “parcelamiento” de la actual cartera de Planificación Federal con un rol destacado para las políticas del área forman parte del debate sobre la próxima gestión que comenzó a germinar en la Casa Rosada.

El macrismo se mantiene fiel a su estilo. En esta oportunidad aceptó participar del diálogo, pero los referentes sociales consultados por este diario no dudaron en calificar esa presencia como “forzada” por la ausencia de respuestas a los acuerdos de responsabilidad compartida con la Nación que habían destrabado el conflicto del Indoamericano. Un dato es revelador: Abboud estuvo solamente en la primera reunión con los referentes barriales de aquella toma y, para las siguientes, envió a delegados de rango menor en el Instituto. Todavía no dio una respuesta por parte del Ejecutivo porteño al pedido de otorgamiento de créditos hipotecarios. Ni tampoco a cómo terminar con el negocio de los alquileres, un eje de la discusión que persistirá, aún cuando los actuales habitantes de las zonas más complicadas del distrito acepten mudarse a otro punto de la Ciudad o al Conurbano Bonaerense. <