Eugenia Muzio

La Unión Industrial Argentina (UIA) le llevó al Gobierno un escenario de urgencia. Apoyados en el derrumbe sistemático de la actividad, los empresarios advirtieron que, si no aparecen incentivos en el corto o mediano plazo, el daño sobre la economía real será de muy difícil retorno tanto en la producción como en el empleo. Ante el riesgo de mayores caídas, principalmente en el entramado pyme, el Ejecutivo ofreció un plan soft: validó los reclamos y mostró sintonía técnica, pero condicionó cualquier alivio a la restricción fiscal.

La cúpula fabril puso sobre la mesa cinco urgencias estructurales: reactivación, abaratamiento del financiamiento productivo, agenda tributaria con ARCA, costo de la energía y freno a la competencia desleal por contrabando. El secretario coordinador de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, mostró “recepción” y una directiva: avanzar en medidas que tengan margen fiscal. Una especie de réplica del modelo gradualista que se utilizó para el recorte de las retenciones a los productos industriales.

Un híbrido para la construcción

En ese sentido, la gremial empresaria eligió un sector: la construcción y su cadena. Según supo PERFIL, acordaron con el Palacio de Hacienda enviar una nueva propuesta de régimen de incentivos, con el objetivo de dinamizar un rubro que tracciona muchos otros. Será una especie de “RIGI y RIMI”, algo “en el medio”, explicaron las fuentes. La coincidencia entre el sector empresario y el Gobierno es que los esquemas de promoción implementados hasta ahora fueron efectivos para generar anuncios de inversión. La propia UIA celebró esta semana las "Rondas de Negocios RIGI", pensadas para encadenar megaproyectos con proveedores locales.

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Un dato en particular encendió las alarmas de la entidad que conduce Martín Rappallini, quien encabezó el grupo que fue a reunirse con Lavigne y la subsecretaria de Industria, Daniela Ramos. La actividad metalúrgica se hundió en agosto un 3,9% y cayó 6,1% respecto al año anterior. Un sector clave que es eslabón de cadenas de sectores estratégicos como son el agro, la energía y la minería y que concentra una red importante del entramado pyme.

Los números del derrumbe y las líneas apagadas

El panorama a su vez es crítico. Según el INDEC, la industria registró en julio una caída del 4,9% interanual. En la medición mensual desestacionalizada, la contracción fue del 5% contra junio, la peor en lo que va del año. En los primeros siete meses de 2026, el sector acumula una pérdida neta del 2,6%.

El indicador que más preocupa en las gerencias financieras es el uso de la capacidad instalada, que retrocedió al 58,2%. Hay que volver hasta octubre de 2025 para encontrar a las fábricas operando apenas en el margen del 60,9%. Con casi la mitad de las líneas de producción apagadas, los costos fijos destruyen la rentabilidad y asfixian el capital de trabajo de las empresas.

La posición de parte del equipo económico pareció ser más receptivo a ese tipo de luz roja, comentaron asistentes a la reunión. En ese esquema aparecen los costos operativos como uno de los principales problemas. En particular, los precios de la energía, que según la UIA, los usuarios categorizados como GUDI (Grandes Usuarios de la Distribuidora) recibieron facturas con subas de entre 90% y 100% en el costo básico.

Prorrateo de tarifas y tensión por el financiamiento

De acuerdo con los industriales, ese incremento llevó a que el valor de las facturas prácticamente se duplicara respecto del mes anterior y se acercara a triplicarse en comparación con dos meses atrás. En ese sentido, la UIA pidió un esquema de prorrateo por tres meses, para alivianar el impacto. Una medida que aún debe ser conversada con el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González.

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Por otro lado, la entidad reclamó por la reciente normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre la operatoria con cheques que usaban las pymes para saltearse el pago del impuesto al cheque y poner pagos diferidos a hacer tasa en ALyCs, lo que encareció el financiamiento de corto plazo. Los industriales propusieron una salida: si el Gobierno necesita la norma para mejorar la trazabilidad, debe avanzar de inmediato en la eximición de impuestos al e-cheq. El objetivo es evitar que el costo tributario recaiga sobre empresas que ya operan a pérdida.

En los despachos oficiales admiten que la maniobra es compleja. Toda renuncia fiscal impacta en la recaudación y debe ser visada por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Además, cualquier modificación impositiva de fondo requiere pasar por el Congreso, un frente que hoy el oficialismo prefiere evitar.