Tronó el escarmiento, de alguna manera, con el “ruidazo” que sacudió las calles de Santa Rosa, como del resto del país, en contra del irracional e ilegal tarifazo aplicado por el Gobierno Nacional.

La reacción popular, compuesta por una variada gama de sectores sociales, algunos organizados en agrupaciones o en partidos, otros de manera espontánea y por las suyas, dejó al desnudo la oposición a un Gobierno Nacional que intentó avanzar en este caso más allá de lo posible, utilizando además metodologías que tampoco están aceptadas por la enorme mayoría de la población.

La respuesta de la sociedad fue generalizada y ubicó en las mismas calles y plazas, protagonizando idéntico reclamo, tanto a referentes de la oposición política como a ciudadanos comunes que se describen como ultraopositores o que votaron por Mauricio Macri el 22 de noviembre pasado, cuando este tarifazo -como algunas otras medidas de gobierno- no figuraba en ninguna plataforma electoral.

El Ejecutivo nacional no tiene modo de sostener el atropello: en otro momento de la historia quizá semejante abuso por parte del poder económico hubiera sido imbatible, pero corren tiempos en que la instalación de determinados derechos, el empoderamiento de diversos sectores de la población y la conciencia más o menos generalizada respecto de los alcances del sistema democrático no vuelven tarea fácil la imposición de decisiones de semejante arbitrariedad, atropello e impunidad.

La respuesta del Poder Judicial ha estado a la altura de las circunstancias, al menos en organismos inferiores que le pusieron freno al ataque sobre los bolsillos ciudadanos.

Aunque el paciente tejido de los sectores de poder ya ni siquiera se disimula: el presidente Mauricio Macri se juntó con el propio presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para hablar sobre el tema, durante reuniones que en otra etapa -o con otros protagonistas- hubieran significado un verdadero escándalo mediático, pero que ahora son prolijamente ocultadas, censuradas o presentadas como lo más normal del mundo por parte de los grandes medios dominantes, que obviamente tienen intereses en el asunto.

El Estado nacional necesita del tarifazo para recuperar en sus arcas los mismos recursos que los funcionarios del macrismo le quitaron al Estado en el mismo momento en que con urgida rapidez aliviaron impositivamente a sectores concentrados de la economía: el ingreso por las retenciones que pagaban las mineras y los patrones rurales se siente fuerte a la hora de la recaudación, mientras la población espera el cumplimiento de aquellas promesas que garantizaban -entre otras cosas- que los trabajadores dejarían de pagar impuesto a las Ganancias.

Las explicaciones que dieron el jefe de Gabinete Marcos Peña y los ministros de Energía, Juan José Aranguren -el hombre Shell- y de Justicia, Germán Garavano, parecieron salidas de un libro de ciencia ficción: como si no existieran la reacción popular ni los fallos judiciales, anunciaron con cara de buena noticia que el aumento del gas tendría un tope del 400 por ciento.

El presidente del PJ pampeano Rubén Marín soltó una oportuna metáfora: “Es como si te ofrecieran que en vez de dos tiros te pegan uno, así tenés más posibilidades de que no te maten”, bromeó pero no tanto.

Otros funcionarios nacionales insistieron en comparar el incremento con “una salida a cenar” y hasta el propio Macri retó a los ciudadanos que -dijo- “andan en remera y en patas” en sus casas, gastando energía de más, cuando las imágenes de ese tipo que ya se habían viralizado eran las de su propia familia en esa desaprensiva actitud.

Las decisiones tomadas, el estilo para presentarlas, las palabras elegidas, la metodología de acción, lo que describen cabalmente es cuán lejos están los funcionarios de la vida real de las personas de carne y hueso: ratifican, por si hacía falta, que el Estado nacional está conducido, a grandes rasgos, por los representantes de una clase social -que no es precisamente la más necesitada- y de ahí que se haga sencillo caracterizarlo como un gobierno muy dado a satisfacer los intereses de las patronales, o un gobierno de los ricos y para los ricos.